La economía si tiene quien le escriba

El salario mínimo mensual oficial en Venezuela, aún vigente a la fecha de escribir esta entrada, es de 5$, representa una  fracción insignificante del salario mínimo de la mayoría de los demás países latinoamericanos y es menos del 10% del ingreso mensual que el Banco Mundial establece como mínimo en la definición de la línea de pobreza (64,5$). Una situación tan dramática en cuanto al salario y su bajo poder adquisitivo, obedece a múltiples factores y su recuperación luce una tarea titánica. No obstante, plantear algunos aspectos en torno a este problema que, por sus implicaciones, es bastante grave, nos puede ayudar a entenderlo.

Comencemos por señalar que el establecimiento de un salario mínimo por parte de un gobierno, tiende a encarecer el costo de una hora de trabajo, pues generalmente es superior al salario de equilibrio del mercado. En esta situación, las empresas estarán dispuestas a demandar menos horas de trabajo que las ofrecidas por los trabajadores. El exceso de oferta por sobre la demanda en el mercado laboral se convierte en un factor causante de un mayor desempleo. Aunque hay evidencia empírica para confirmar el efecto perjudicial en el mercado laboral cuando se impone un salario mínimo, también hay evidencia en relación a lo contrario. Al respecto, las investigaciones de David Card, Nobel de Economía, y de otros economistas, han subrayado que el efecto perjudicial del salario mínimo no se manifiesta necesariamente en todos los mercados laborales y su impacto puede diferenciarse entre sectores empresariales, lugares geográficos, origen de los trabajadores (nacionales o migrantes) y su calificación, entre otros.

Por su parte, la determinación del salario en un mercado de libre competencia responde a la lógica de maximizar la producción, por lo cual guarda relación con la generación del producto marginal, el producto añadido al producto total cuando se incorpora una hora adicional de trabajo. En estos términos, las empresas contratan horas de trabajo adicionales hasta que el valor del producto marginal iguale el salario que se paga por esa hora de trabajo. El valor o ingreso que produce un trabajador por hora es la productividad laboral.

En relación con lo anterior, algunas estimaciones de ILOSTAT, la base de datos de la OIT, ayudan a ilustrar la relación entre la productividad y los salarios. En 2021, el producto por hora trabajada, en promedio, medido en dólares internacionales constantes de 2017, era en Estados Unidos de 70,68$, en Alemania de 58,31$ y de 13,88$ en Venezuela. En los países con relativamente alta productividad, como Estados Unidos y Alemania, los salarios son altos, mientras que en los países como Venezuela, con una productividad del 20% respecto a Estados Unidos, los salarios son bajos.

La evidencia empírica detrás de algunas teorías del crecimiento económico demuestran además que el aumento de la productividad total de los factores, vale decir, trabajo y capital, aunque en realidad se trata de un complejo de factores, es la causa fundamental del crecimiento económico sostenido de largo plazo. Es el aumento de la productividad el que también ha sustentado el incremento de los ingresos. Sucedió históricamente con los trabajadores de los países desarrollados, como Estados Unidos y las naciones europeas, con los de los países que convergieron en desarrollo con estos al final del siglo XX, como los tigres asiáticos, y está sucediendo con el ingreso de los trabajadores de países con un rápido crecimiento económico en las últimas décadas, como China.

Por otra parte, en 2021, en algunos estados norteamericanos el salario mínimo por hora rondaba los 15$, representando entonces un 21% del producto por hora trabajada promedio. Obviando aspectos de eficiencia de los mercados, tomando esa participación como un estándar y aplicándola al salario mínimo venezolano, se deduce que un trabajador venezolano debería ganar un salario mínimo por hora de 2,9$, que representa el 21% de 13,88$. Un trabajo de 40 horas semanales debería reportarle una remuneración de 116$ semanales, 464$ mensuales. El costo de la canasta básica en Venezuela, para una familia de cinco miembros, es de 500-550$ mensuales, según datos no oficiales de consultoras privadas. Con ese salario, un trabajador pudiera cubrir gran parte del costo de dicha canasta.

Pero la realidad, como se describe al inicio de esta entrada, es otra; el salario mínimo en Venezuela, de 5$ mensuales, es el resultado del colapso económico sufrido durante el periodo 2014-2020, debido a las pésimas políticas fiscales, monetarias y cambiarias implementadas, que llevaron a la destrucción del poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores. A pesar de la recuperación económica, iniciada en el segundo trimestre del 2021, la precariedad del salario se mantiene y de hecho se agravó en el primer trimestre de 2023. Es cierto que este salario mínimo aplica exclusivamente para los trabajadores del sector público, pues los trabajadores de empresas privadas de algunos sectores, como el comercio y los servicios, tienen remuneraciones de 140$ mensuales en promedio, según datos del Observatorio Venezolano de las Finanzas (OVF).

De las explicaciones anteriores se derivan cuatro aspectos problemáticos para el establecimiento de cualquier nivel de salario mínimo para los trabajadores de la economía venezolana: 1) el bajo nivel de productividad laboral; 2) el alto costo de la canasta básica; 3) la brecha salarial existente entre trabajadores públicos y privados; 4) las brechas de productividad entre los trabajadores del sector privado, por ejemplo entre los servicios y el manufacturero.

Problemas adicionales surgen de considerar que los trabajadores públicos representan una masa laboral de 2,5-4 millones, aunque no se publican datos oficiales al respecto, sin contar los pensionados, que son otros 4 millones. Esta importante masa laboral recibe aumentos del salario mínimo que se han cubierto de manera recurrente y en gran parte con aumentos de la liquidez, como una forma de monetizar el déficit fiscal que generan los aumentos de los salarios y cuya consecuencia ha sido la aceleración de la tasa de inflación y el aumento de la tasa de depreciación del tipo de cambio.

Otro problema se deriva de considerar que el sector informal de la economía venezolana representa alrededor de un 40% de su tamaño total y este es un sector de muy baja productividad. Por su parte, la gran mayoría de las empresas formales están sometidas al impacto de altos costos debido a los impuestos (nacionales, estadales, municipales), costos de regulación y transacción, por las fallas de los servicios públicos, la baja calidad de la infraestructura, por nombrar algunos, lo cual se traduce en un serio obstáculo para la posibilidad de incrementar la productividad.

No es fácil concluir esta entrada describiendo lo que ha sido y es un panorama tan desolador para el trabajador venezolano, sometido a las tremendas limitaciones que la realidad económica le impone para obtener un salario digno, al menos uno que le permita cubrir sus necesidades básicas. Quizás con la consideraciones y argumentos vertidos en esta entrada, pudiésemos comenzar a pensar en las políticas realistas y en las estrategias necesarias para encontrar soluciones a este grave problema.

Reviso la actualización diaria del acontecer económico y financiero que gentilmente me envía el grupo financiero Bloomberg y me topo con una nota sobre el desempeño de los PIB de los países de Latinoamérica y el Caribe (LAC) en 2022. En general, el desempeño económico de la región fue aceptable, acicateado por la fase de recuperación post-pandemia que inició en el 2021, aunque dicha recuperación ha comenzado a perder fuerza. Es un hecho que a varias naciones latinoamericanas les está costando recuperar el terreno perdido durante la pandemia, pero, exceptuando Argentina y Venezuela, la estabilidad macroeconómica que exhiben en sus tasas de inflación y la variación del tipo de cambio es relativamente satisfactoria.

El problema más agudo que enfrentarán en 2023 las economías de LAC será la ralentización del crecimiento económico, afectadas por el impacto de las relativamente altas tasas de inflación en los países desarrollados, impacto que es mayor en la medida que sus gobiernos la están combatiendo mediante el aumento de las tasas de interés. También la nueva ola de proteccionismo ha tenido sus consecuencias, al igual que la guerra Rusia-Ucrania, entre otros factores. Otro lastre es el freno que supone una menor dinámica económica global, originada de los problemas que tiene la economía china post-covid para volver a ser el principal motor de la economía mundial. En este sentido, las proyecciones actualizadas del FMI, al 31 de enero 2023, estiman un descenso del PIB global, del 3,4% alcanzado en 2022, a 2,9% en el 2023, para luego volver a aumentar ligeramente hasta 3,1% en 2024. Se prevé una disminución de la tasa de inflación mundial desde el 8,8% en 2022 a 6,6% en 2023 y 4,3% en 2024, lo cual representa niveles aún superiores a los observados antes de la pandemia, de 3,5% en el periodo 2017-2019. Por su parte, la economía de LAC, que creció a una tasa de 3,9% en 2022, se desacelerará hasta 1,8% este año y subirá ligeramente hasta 2,1% en 2024.

En el 2022, el crecimiento del PIB de los países de LAC fue liderado por Panamá (10,8%) y Colombia (10,5%) mientras que Venezuela tuvo un crecimiento de 13,3%. En el extremo contrario, Paraguay fue la nación que experimentó el más bajo crecimiento del PIB de la región (0,1%). Sin embargo, hay un problema con la cifra de Venezuela, pues esta es difícil de verificar, al tratarse de una medición generada y divulgada por una institución privada y no una oficial, como el Banco Central de Venezuela (BCV), información que sí lo es en el caso de los otros tres países mencionados.

Como se sabe, medir el PIB de una nación no es nada sencillo, puede sobrestimarse y, más frecuentemente, subestimarse el valor de una gran cantidad de actividades económicas, algunas de las cuales están al margen de la economía formal (se calcula que en LAC los trabajadores informales representan entre 40-50% de la fuerza de trabajo total). También es difícil estimar el valor de mercado de actividades económicas que no lo tienen, porque no son remuneradas, como los trabajos domésticos cuando no los realiza una persona contratada para ello. Por esta razón, la medición del PIB corresponde hacerla, en primer lugar, por personal preparado y conocedor de la metodología requerida, ademas de poseer capacidad profesional para tomar decisiones respecto a los datos recabados. En segundo lugar, debe dejarse al cuidado de instituciones públicas de calidad, que apoyen con recursos humanos, financieros, técnicos, infraestructura, el proceso de elaborar estas estimaciones y las demás involucradas en las llamadas cuentas nacionales.

La crisis económica y política que azota a Venezuela ha derivado desde hace algunos años en una gran escasez y falta de transparencia de la información económica. La poca que suministran los organismos competentes, se hace con retraso y de manera incompleta. Esto ha generado además que entre las instituciones públicas y privadas, incluso entre las privadas mismas que divulgan información económica, sobre todo en cuanto a los pronósticos, aparezcan grandes diferencias entre unas estimaciones y otras. Aunque hacen un serio esfuerzo por suministrar información económica objetiva, las cifras de las instituciones privadas venezolanas difieren significativamente entre ellas y en relación a las que suministran organismos internacionales multilaterales como el FMI. Sirva de ejemplo que, como se señaló, mientras el Observatorio Venezolano de las Finanzas (OVF), estimó el crecimiento del PIB en 2022 en 13,3%, el dato de la misma variable macroeconómica cuya fuente es el FMI fue de 6,0% (variación del PIB real), una diferencia sustancial, de por lo menos siete puntos.

Esta diferencia en la estimación del PIB y de otras cifras macroeconómicas relevantes, suponen un perjuicio para la elaboración de previsiones de corto, mediano y largo plazo que verdaderamente se aproximen a la realidad del entorno económico analizado. Las consultoras, empresas, gobiernos, deberían asegurarse que los datos en los que basan sus previsiones estén bien fundamentados, sean creíbles, pues son sumamente importantes para la planificación estratégica de la producción, las inversiones, para las políticas públicas y su prospectiva, mucho más en economías donde, por sus características, los niveles de distorsión, incertidumbre y riesgo del entorno económico son elevados.

No tiene que haber una crisis política y económica profunda para que en un país se presente alguna que otra distorsión con los datos económicos, antes más bien puede ser frecuente que suceda si las instituciones encargadas de recabar y suministrar los datos y la información económica las manejan los gobiernos con fines políticos. Al respecto, el ex-ministro de economía venezolano Miguel Rodríguez advertía, en un artículo de hace casi tres décadas, que la información alrededor de una sobrevaluación del tipo de cambio perjudica los planes de las empresas exportadoras, mientras favorece en las encuestas a los gobiernos “sobrevaluadores”. Por su parte, el Premio Nobel de Economía Robert Schiller ha advertido desde hace por lo menos dos décadas del riesgo que supone crear narrativas económicas al margen de la realidad de los hechos y de los datos objetivos. Los argumentos en los que se apoyan las narrativas que surgen, disfrazando o distorsionando los datos y las información económica, especialmente la motivada por intereses ideológicos y políticos, suponen un grave daño para la sociedad y constituye un riesgo para la toma de decisiones que busca acercarse a procesos económicos eficientes. De todo ello se desprende que los datos y la información económica son un bien público, uno que se debe proteger, divulgar y mejorar.

Es un hecho que desde el 2021 en adelante, la economía venezolana ha cambiado ligeramente el rumbo que la marcaba como una economía colapsada, la cual perdió en poco más de un lustro, desde 1914 y hasta por lo menos 2020, entre una quinta y sexta parte de su PIB y de su PIB per cápita, mermando sensiblemente las condiciones de vida de la mayoría de los venezolanos e impulsando a alrededor de un 20% de su población a abandonar el país en busca de mejores condiciones de vida, especialmente en cuanto a trabajo e ingresos. Este cambio de rumbo ha sido acreditado en las estimaciones que el FMI ha hecho respecto a la economía venezolana. En el último reporte sobre perspectivas económicas, de octubre de 2022, el FMI anunció que estima que la economía venezolana creció 5,4% en 2021, mientras señala que crecerá 7,2% en 2022, a la vez que se espera este crecimiento continúe en el 2023 a una tasa de 4,4%.

Sin embargo, la mayoría de los analistas coinciden en que este crecimiento, a diferencia de otras dinámicas económicas de otros periodos, ha sido impulsado por el crecimiento de algunos pocos sectores y estos no son necesariamente los sectores más dinámicos y productivos. En general se menciona que el crecimiento ha provenido del aumento de actividad económica en sectores asociados sobre todo a los servicios de comercio, en particular del comercio importador, ocio, servicios de telecomunicaciones y algunos más. La recuperación económica no ha impactado de manera significativa en sectores como la construcción, la manufactura y una parte del sector agroalimentario, por nombrar los sectores que son más sensibles a las variaciones de la dinámica económica.

Un aspecto favorable de la recuperación económica es que se ha producido a la par del abatimiento de la hiperinflación en el primer trimestre de este año 2022, lo cual se corrobora con el pronunciado descenso que ha tenido  la tasa interanual de inflación. Se ha podido establecer que la meta inflacionaria para este año, fijada en torno al 100% anual, esta cerca de cumplirse, según los datos oficiales que entrega el BCV, a pesar de las presiones inflacionarias desencadenadas en los dos últimos trimestres de este año. Más allá que se cumpla la meta o no, se puede señalar como un éxito relativo de la política económica que se haya logrado reducir significativamente una tasa de inflación que en 2021 fue de 686,6%.

Han sido varias las política combinadas que, implementadas desde el 2021, han traído este beneficio. Las más relevantes son el manejo de una política cambiaria donde el gobierno  inyecta determinadas cantidades de dólares al mercado, con el objetivo de mantener estabilizado el tipo de cambio. Esta política ha sido implementada al contar el gobierno con un mejor flujo de caja en cuanto a sus ingresos, aprovechando el ligero repunte de la producción y exportación petrolera, en medio del aumento de los precios internacionales del petróleo desde el 2021. La segunda política ha estado dirigida a contener la repercusión del aumento de la liquidez monetaria por la vía de mantener en un alto nivel el encaje legal, de 70-80%, lo cual ha reducido la posibilidad de expandir el multiplicador del dinero en monedas y billetes y depósitos a la vista (M1).

No obstante, ambas políticas también han acarreado unos  importantes costos. La inyección de dólares como oferta en el mercado cambiario se ha realizado al costo de ver reducido el nivel de reservas internacionales, reservas que son inestables, toda vez que los ingresos por exportaciones petroleras, como es su caraterística, se comportan de forma volátil y sabiéndose que no ha sido posible la recuperación de la industria para operativizar un nivel de producción que por lo menos llegue a 1.000.000 de b/d. Por lo demás, la contención de la tasa de depreciación del tipo de cambio en 2021, la cual fue equivalente aproximadamente a la mitad de la tasa de inflación, significó que el dólar perdió poder adquisitivo, en aproximadamente 50%, viéndose mermada su función de ser reserva de valor, en un país donde la moneda nacional, el bolívar, dejó de cumplirlo hace bastante tiempo.

El otro costo ha recaído especialmente sobre la actividad económica de las empresas. Si bien la medida del aumento del encaje legal a niveles tan altos como 70-80% ha tenido el resultado más o menos previsto para contener la inflación, también ha traído una consecuencia negativa, como lo es la restricción del crédito empresarial por parte de los Bancos y entidades financieras. La falta de financiamiento, uno que es fundamental para el buen desempeño de los negocios y las inversiones, ha causado que las empresas no puedan o se vean muy limitadas a apalancarse financieramente mediante préstamos, por lo cual deben recurrir a sus flujos de caja para financiar con recursos propios sus actividades.

Por otra parte, las repercusiones de la política cambiaria han tenido efectos diferenciados. Como se indicó, en el 2021 la contención de la aceleración de la tasa de depreciación con respecto a la tasa de inflación generó que el dólar perdiera parte de su función de ser reserva de valor, algo que en el escenario de un bolívar que no cumple esta función o la cumple muy precariamente desde hace varios años, supone un riesgo para los beneficios que en teoría y en la práctica ha traído la dolarización informal instrumentada por el gobierno. En el 2022 la tasa de depreciación del tipo de cambio ha corrido a la par e incluso ha sido superior a la tasa de inflación, lo cual corrige el efecto anterior, pero al costo de generar una mayor presión inflacionaria, por el inevitable efecto transmisión de las variaciones del tipo de cambio sobre los precios de los bienes y servicios importados o los nacionales que utilizan materias primas e insumos importados.

Estos dilemas de política se deben más que a su mal diseño, a las restricciones que van surgiendo en el entorno. Por ejemplo, la imposibilidad por parte del gobierno de mantener la inyección de dólares en el mercado cambiario, al no contar con reservas líquidas para ello,  ha tenido la consecuencia en este mes de noviembre de disparar el precio de la divisa, la cual ha experimentado una tasa de depreciación pronunciada, amenazando la meta inflacionaria fijada, haciendo perder aún más el escaso poder adquisitivo de los ingresos salariales, llevando el salario mínimo para los trabajadores a una cifra irrisoria, equivalente a alrededor de 10 dólares mensuales, sin duda uno de los más bajos del mundo, generando un clima de riesgo e incertidumbre alrededor del mercado cambiario, observado entre otros datos en la ampliación de la  brecha que se ha abierto entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, de aproximadamente 21,4%.

Y los dilemas de política económica no son sino el reflejo de otros dilemas que tiene que ver con preguntarse si la mentada recuperación económica exhibida por el país en los últimos dos años será sostenible en el mediano y largo plazo y si se producirá en un entorno macroeconómico para el trabajo, los negocios y las inversiones más estable y de menos incertidumbre. Todo ello debe formar parte de una agenda prospectiva de análisis del entorno que hay que considerar para la toma de decisiones individual y colectiva.