Es un hecho que desde el 2021 en adelante, la economía venezolana ha cambiado ligeramente el rumbo que la marcaba como una economía colapsada, la cual perdió en poco más de un lustro, desde 1914 y hasta por lo menos 2020, entre una quinta y sexta parte de su PIB y de su PIB per cápita, mermando sensiblemente las condiciones de vida de la mayoría de los venezolanos e impulsando a alrededor de un 20% de su población a abandonar el país en busca de mejores condiciones de vida, especialmente en cuanto a trabajo e ingresos. Este cambio de rumbo ha sido acreditado en las estimaciones que el FMI ha hecho respecto a la economía venezolana. En el último reporte sobre perspectivas económicas, de octubre de 2022, el FMI anunció que estima que la economía venezolana creció 5,4% en 2021, mientras señala que crecerá 7,2% en 2022, a la vez que se espera este crecimiento continúe en el 2023 a una tasa de 4,4%.
Sin embargo, la mayoría de los analistas coinciden en que este crecimiento, a diferencia de otras dinámicas económicas de otros periodos, ha sido impulsado por el crecimiento de algunos pocos sectores y estos no son necesariamente los sectores más dinámicos y productivos. En general se menciona que el crecimiento ha provenido del aumento de actividad económica en sectores asociados sobre todo a los servicios de comercio, en particular del comercio importador, ocio, servicios de telecomunicaciones y algunos más. La recuperación económica no ha impactado de manera significativa en sectores como la construcción, la manufactura y una parte del sector agroalimentario, por nombrar los sectores que son más sensibles a las variaciones de la dinámica económica.
Un aspecto favorable de la recuperación económica es que se ha producido a la par del abatimiento de la hiperinflación en el primer trimestre de este año 2022, lo cual se corrobora con el pronunciado descenso que ha tenido la tasa interanual de inflación. Se ha podido establecer que la meta inflacionaria para este año, fijada en torno al 100% anual, esta cerca de cumplirse, según los datos oficiales que entrega el BCV, a pesar de las presiones inflacionarias desencadenadas en los dos últimos trimestres de este año. Más allá que se cumpla la meta o no, se puede señalar como un éxito relativo de la política económica que se haya logrado reducir significativamente una tasa de inflación que en 2021 fue de 686,6%.
Han sido varias las política combinadas que, implementadas desde el 2021, han traído este beneficio. Las más relevantes son el manejo de una política cambiaria donde el gobierno inyecta determinadas cantidades de dólares al mercado, con el objetivo de mantener estabilizado el tipo de cambio. Esta política ha sido implementada al contar el gobierno con un mejor flujo de caja en cuanto a sus ingresos, aprovechando el ligero repunte de la producción y exportación petrolera, en medio del aumento de los precios internacionales del petróleo desde el 2021. La segunda política ha estado dirigida a contener la repercusión del aumento de la liquidez monetaria por la vía de mantener en un alto nivel el encaje legal, de 70-80%, lo cual ha reducido la posibilidad de expandir el multiplicador del dinero en monedas y billetes y depósitos a la vista (M1).
No obstante, ambas políticas también han acarreado unos importantes costos. La inyección de dólares como oferta en el mercado cambiario se ha realizado al costo de ver reducido el nivel de reservas internacionales, reservas que son inestables, toda vez que los ingresos por exportaciones petroleras, como es su caraterística, se comportan de forma volátil y sabiéndose que no ha sido posible la recuperación de la industria para operativizar un nivel de producción que por lo menos llegue a 1.000.000 de b/d. Por lo demás, la contención de la tasa de depreciación del tipo de cambio en 2021, la cual fue equivalente aproximadamente a la mitad de la tasa de inflación, significó que el dólar perdió poder adquisitivo, en aproximadamente 50%, viéndose mermada su función de ser reserva de valor, en un país donde la moneda nacional, el bolívar, dejó de cumplirlo hace bastante tiempo.
El otro costo ha recaído especialmente sobre la actividad económica de las empresas. Si bien la medida del aumento del encaje legal a niveles tan altos como 70-80% ha tenido el resultado más o menos previsto para contener la inflación, también ha traído una consecuencia negativa, como lo es la restricción del crédito empresarial por parte de los Bancos y entidades financieras. La falta de financiamiento, uno que es fundamental para el buen desempeño de los negocios y las inversiones, ha causado que las empresas no puedan o se vean muy limitadas a apalancarse financieramente mediante préstamos, por lo cual deben recurrir a sus flujos de caja para financiar con recursos propios sus actividades.
Por otra parte, las repercusiones de la política cambiaria han tenido efectos diferenciados. Como se indicó, en el 2021 la contención de la aceleración de la tasa de depreciación con respecto a la tasa de inflación generó que el dólar perdiera parte de su función de ser reserva de valor, algo que en el escenario de un bolívar que no cumple esta función o la cumple muy precariamente desde hace varios años, supone un riesgo para los beneficios que en teoría y en la práctica ha traído la dolarización informal instrumentada por el gobierno. En el 2022 la tasa de depreciación del tipo de cambio ha corrido a la par e incluso ha sido superior a la tasa de inflación, lo cual corrige el efecto anterior, pero al costo de generar una mayor presión inflacionaria, por el inevitable efecto transmisión de las variaciones del tipo de cambio sobre los precios de los bienes y servicios importados o los nacionales que utilizan materias primas e insumos importados.
Estos dilemas de política se deben más que a su mal diseño, a las restricciones que van surgiendo en el entorno. Por ejemplo, la imposibilidad por parte del gobierno de mantener la inyección de dólares en el mercado cambiario, al no contar con reservas líquidas para ello, ha tenido la consecuencia en este mes de noviembre de disparar el precio de la divisa, la cual ha experimentado una tasa de depreciación pronunciada, amenazando la meta inflacionaria fijada, haciendo perder aún más el escaso poder adquisitivo de los ingresos salariales, llevando el salario mínimo para los trabajadores a una cifra irrisoria, equivalente a alrededor de 10 dólares mensuales, sin duda uno de los más bajos del mundo, generando un clima de riesgo e incertidumbre alrededor del mercado cambiario, observado entre otros datos en la ampliación de la brecha que se ha abierto entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, de aproximadamente 21,4%.
Y los dilemas de política económica no son sino el reflejo de otros dilemas que tiene que ver con preguntarse si la mentada recuperación económica exhibida por el país en los últimos dos años será sostenible en el mediano y largo plazo y si se producirá en un entorno macroeconómico para el trabajo, los negocios y las inversiones más estable y de menos incertidumbre. Todo ello debe formar parte de una agenda prospectiva de análisis del entorno que hay que considerar para la toma de decisiones individual y colectiva.