Reviso la actualización diaria del acontecer económico y financiero que gentilmente me envía el grupo financiero Bloomberg y me topo con una nota sobre el desempeño de los PIB de los países de Latinoamérica y el Caribe (LAC) en 2022. En general, el desempeño económico de la región fue aceptable, acicateado por la fase de recuperación post-pandemia que inició en el 2021, aunque dicha recuperación ha comenzado a perder fuerza. Es un hecho que a varias naciones latinoamericanas les está costando recuperar el terreno perdido durante la pandemia, pero, exceptuando Argentina y Venezuela, la estabilidad macroeconómica que exhiben en sus tasas de inflación y la variación del tipo de cambio es relativamente satisfactoria.
El problema más agudo que enfrentarán en 2023 las economías de LAC será la ralentización del crecimiento económico, afectadas por el impacto de las relativamente altas tasas de inflación en los países desarrollados, impacto que es mayor en la medida que sus gobiernos la están combatiendo mediante el aumento de las tasas de interés. También la nueva ola de proteccionismo ha tenido sus consecuencias, al igual que la guerra Rusia-Ucrania, entre otros factores. Otro lastre es el freno que supone una menor dinámica económica global, originada de los problemas que tiene la economía china post-covid para volver a ser el principal motor de la economía mundial. En este sentido, las proyecciones actualizadas del FMI, al 31 de enero 2023, estiman un descenso del PIB global, del 3,4% alcanzado en 2022, a 2,9% en el 2023, para luego volver a aumentar ligeramente hasta 3,1% en 2024. Se prevé una disminución de la tasa de inflación mundial desde el 8,8% en 2022 a 6,6% en 2023 y 4,3% en 2024, lo cual representa niveles aún superiores a los observados antes de la pandemia, de 3,5% en el periodo 2017-2019. Por su parte, la economía de LAC, que creció a una tasa de 3,9% en 2022, se desacelerará hasta 1,8% este año y subirá ligeramente hasta 2,1% en 2024.
En el 2022, el crecimiento del PIB de los países de LAC fue liderado por Panamá (10,8%) y Colombia (10,5%) mientras que Venezuela tuvo un crecimiento de 13,3%. En el extremo contrario, Paraguay fue la nación que experimentó el más bajo crecimiento del PIB de la región (0,1%). Sin embargo, hay un problema con la cifra de Venezuela, pues esta es difícil de verificar, al tratarse de una medición generada y divulgada por una institución privada y no una oficial, como el Banco Central de Venezuela (BCV), información que sí lo es en el caso de los otros tres países mencionados.
Como se sabe, medir el PIB de una nación no es nada sencillo, puede sobrestimarse y, más frecuentemente, subestimarse el valor de una gran cantidad de actividades económicas, algunas de las cuales están al margen de la economía formal (se calcula que en LAC los trabajadores informales representan entre 40-50% de la fuerza de trabajo total). También es difícil estimar el valor de mercado de actividades económicas que no lo tienen, porque no son remuneradas, como los trabajos domésticos cuando no los realiza una persona contratada para ello. Por esta razón, la medición del PIB corresponde hacerla, en primer lugar, por personal preparado y conocedor de la metodología requerida, ademas de poseer capacidad profesional para tomar decisiones respecto a los datos recabados. En segundo lugar, debe dejarse al cuidado de instituciones públicas de calidad, que apoyen con recursos humanos, financieros, técnicos, infraestructura, el proceso de elaborar estas estimaciones y las demás involucradas en las llamadas cuentas nacionales.
La crisis económica y política que azota a Venezuela ha derivado desde hace algunos años en una gran escasez y falta de transparencia de la información económica. La poca que suministran los organismos competentes, se hace con retraso y de manera incompleta. Esto ha generado además que entre las instituciones públicas y privadas, incluso entre las privadas mismas que divulgan información económica, sobre todo en cuanto a los pronósticos, aparezcan grandes diferencias entre unas estimaciones y otras. Aunque hacen un serio esfuerzo por suministrar información económica objetiva, las cifras de las instituciones privadas venezolanas difieren significativamente entre ellas y en relación a las que suministran organismos internacionales multilaterales como el FMI. Sirva de ejemplo que, como se señaló, mientras el Observatorio Venezolano de las Finanzas (OVF), estimó el crecimiento del PIB en 2022 en 13,3%, el dato de la misma variable macroeconómica cuya fuente es el FMI fue de 6,0% (variación del PIB real), una diferencia sustancial, de por lo menos siete puntos.
Esta diferencia en la estimación del PIB y de otras cifras macroeconómicas relevantes, suponen un perjuicio para la elaboración de previsiones de corto, mediano y largo plazo que verdaderamente se aproximen a la realidad del entorno económico analizado. Las consultoras, empresas, gobiernos, deberían asegurarse que los datos en los que basan sus previsiones estén bien fundamentados, sean creíbles, pues son sumamente importantes para la planificación estratégica de la producción, las inversiones, para las políticas públicas y su prospectiva, mucho más en economías donde, por sus características, los niveles de distorsión, incertidumbre y riesgo del entorno económico son elevados.
No tiene que haber una crisis política y económica profunda para que en un país se presente alguna que otra distorsión con los datos económicos, antes más bien puede ser frecuente que suceda si las instituciones encargadas de recabar y suministrar los datos y la información económica las manejan los gobiernos con fines políticos. Al respecto, el ex-ministro de economía venezolano Miguel Rodríguez advertía, en un artículo de hace casi tres décadas, que la información alrededor de una sobrevaluación del tipo de cambio perjudica los planes de las empresas exportadoras, mientras favorece en las encuestas a los gobiernos “sobrevaluadores”. Por su parte, el Premio Nobel de Economía Robert Schiller ha advertido desde hace por lo menos dos décadas del riesgo que supone crear narrativas económicas al margen de la realidad de los hechos y de los datos objetivos. Los argumentos en los que se apoyan las narrativas que surgen, disfrazando o distorsionando los datos y las información económica, especialmente la motivada por intereses ideológicos y políticos, suponen un grave daño para la sociedad y constituye un riesgo para la toma de decisiones que busca acercarse a procesos económicos eficientes. De todo ello se desprende que los datos y la información económica son un bien público, uno que se debe proteger, divulgar y mejorar.