Dedicado a mis queridos compañeros latinoamericanos del Programa BID-CAF-UNIANDES de Evaluación Económica y Social de Proyectos
En el episodio de Los Simpson llamado Los años que vivimos -N° 12, enero, 1991-, donde Homero y Marge se conocen de jóvenes, Marge es una buena estudiante del High School al que asisten y participa en debates. Homero se ha enamorado, quiere estar cerca de ella y para lograrlo se apunta a una sesión de debate donde la asistente le indica que el tema a discutir es si se debe permitir una norma que reduciría el límite de velocidad de circulación en Springfield a 90 Km por hora. Enseguida Homero le hace saber su opinión a la asistente diciéndole: “¿90 Km? Pero eso es ridículo, claro, se salvarán algunas vidas pero millones llegarán tarde”. Uno pudiera tener la percepción inicial de que Homero mostraba evidencia de sus limitaciones intelectuales desde muy joven, pero el caso es que al menos en esta opinión es bastante razonable. Lo que dice Homero es que si bien la medida traerá el beneficio de vidas salvadas al reducirse los accidentes, también hay que considerar necesariamente el costo implicado en los retrasos laborales que provocará. Este es un punto de vista que es coherente con un tipo de evaluación económica y social conocido como análisis costo-beneficio.
El análisis costo-beneficio es una metodología que permite estimar los costos y beneficios involucrados en una política económica, una política pública o un proyecto de inversión pública, incluso los derivados de una ley, norma o regulación. Siendo entonces que es posible medir estos costos y beneficios, se puede estimar la tasa interna de retorno social –TIRS-, es decir, estimar cuán rentable sería para la sociedad o para una parte de ella realizar esa política o ese proyecto de inversión pública. Igual que ocurre con la evaluación financiera de una inversión privada, la inversión pública también se puede proyectar estimando un flujo de costos y beneficios esperados a lo largo de un tiempo delimitado. Una vez obtenidos estos flujos, se calcula su valor presente, descontando dichos flujos a una tasa de descuento social apropiada. Si la TIRS supera la tasa de descuento social se asume que la inversión pública será rentable y se toma la decisión de realizarla, de lo contrario se descarta o se re-evalúa en otro contexto o momento.
El asunto complejo detrás de este análisis es que no todos los costos y beneficios de una política o proyecto de inversión pública son explícitos, es decir, se pueden contabilizar con valoraciones a precios de mercado. Algunos de estos costos y beneficios son implícitos, no tienen valoración a los precios de mercado y, por tanto, corresponde valorarlos de alguna manera. Esbozar una explicación de esta valoración económica y social requeriría usar un lenguaje técnico que le quitaría claridad al sencillo propósito planteado con esta entrada. Digamos solo para ejemplificar que si nos enfocamos en analizar la factibilidad de un proyecto de inversión pública relacionado con el recurso hídrico nos preguntaríamos ¿Cuánto vale el agua? Responder esta pregunta supone estimar los costos y beneficios explícitos e implícitos del uso del agua en un contexto particular -agrícola, industrial, doméstico-, vincularlos además con las condiciones socioeconómicas donde se localice el proyecto y con la escasez relativa del recurso. Estimar un precio o tarifa para el uso del agua pasa entonces por realizar una evaluación económica y social que considere estos y otros aspectos relevantes [1].
Volviendo al episodio de Los Simpson y aproximándonos a una idea del respectivo análisis costo-beneficio para evaluar la pertinencia de la norma destinada a reducir el límite de velocidad permitido en Springfield, podemos preguntarnos con respecto a sus beneficios sociales ¿Cuánto vale una vida humana? y respecto a sus costos sociales ¿Cuánto costarían los retrasos de tiempo laboral? Independientemente del resultado que arroje la valoración y evaluación económica y social de la medida, queda claro que, más allá de su beneficio, algún costo tendrá si finalmente se aprueba reducir el límite de velocidad y este costo afectará a la baja la tasa interna de retorno social que arroje esta regulación [2].
El tremendo impacto económico y social que está teniendo globalmente el Covid-19, ha traído la implementación de políticas para enfrentarlo que tienen asociados beneficios esperados, pero también acarrean costos. Si bien las incómodas e impopulares medidas de cuarentena y aislamiento social traen el beneficio de que se salvarán innumerables vidas humanas en los países y territorios donde se están ejecutando, no es menos cierto que generan costos sociales, manifestados, entre otros, en un aumento de la tasa de desempleo y en una disminución de los ingresos de las familias.
Algunos gobiernos con una relativamente alta capacidad institucional han implementado políticas frente al Covid-19 que representan medidas compensatorias y exenciones fiscales para recuperar algo de los ingresos perdidos por las familias y las empresas. Pero incluso una alta capacidad institucional, aunque necesaria, puede no ser suficiente para que las medidas resulten realmente efectivas. Lo que está sucediendo con la incidencia de la pandemia en algunos países europeos y en los Estados Unidos lo confirman. Lamentablemente, enfrentadas a los problemas causados por el Covid-19, la mayoría de las naciones latinoamericanas tienen una gobernanza que exhibe una relativamente baja capacidad institucional y esto dificulta aún más la posibilidad de implementar políticas efectivas [3].
En el contexto de las numerosas situaciones problemáticas planteadas por el Covid-19, se sabe que numerosos equipos de científicos y sanitarios del mundo entero siguen trabajando arduamente para conseguir una vacuna. Desde esta perspectiva, también resulta prioritario, aunque no lo parezca, mejorar las políticas implementadas, pues los efectos negativos de la pandemia se extenderán por lo menos hasta el mediano plazo. En tal sentido, estoy convencido que el análisis costo-beneficio como instrumento para la evaluación económica y social puede ayudar en este propósito.
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[1] La referencia para el ejemplo es la Tesis Doctoral del compañero del Programa, colega y amigo, profesor de la Universidad de La Plata, Raúl Rosa: “Gestión del agua regulada por una presa: El precio del agua como instrumento de planificación y financiamiento para la modernización de los sistemas de irrigación”. Universidad Politécnica de Valencia, Noviembre, 2016.
[2] Por supuesto, estas estimaciones siempre representarán una aproximación al valor. Algunas aproximaciones, sobre todo para estimar costos implícitos, son relativamente sencillas, por ejemplo, estimar el costo de los retrasos de los trabajadores por la reducción de la velocidad en el episodio de Los Simpson. El costo de oportunidad del tiempo laboral perdido se podría estimar, en principio, multiplicando las horas que se supone se perderán por el costo promedio de la hora laboral a su precio de mercado. Otras valoraciones son más exigentes en cuanto a análisis, como estimar los costos de remediación de la contaminación producida por un vertido de petróleo o, en algunos casos, las referidas a los beneficios implícitos.
[3] Además de la capacidad institucional, la efectividad de las políticas frente al Covid-19 ha estado asociada al grado de confianza que tienen los ciudadanos en relación a quienes los gobiernan, es decir, con el nivel de capital social prevaleciente. Desde el estallido de la pandemia, la experiencia recogida demuestra que las políticas han sido más efectivas en aquellos países con un relativamente alto nivel de capital social.
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