Veo en la TV una entrevista al Nobel de Economía Paul Krugman, motivada por una visita suya a México. Como casi siempre, coincido con este gran economista que tiene sapiencia y perspicacia. Krugman no se deja llevar por el mainstream economics, pero tampoco exagera con posturas radicales, de esas que se le ven las costuras ideológico-políticas, expresando correctamente sus propios juicios de valor acerca de las situaciones económicas que analiza o sobre las que opina. En una parte de la entrevista hace mención al hecho de que el gobierno estadounidense, desde Barack Obama por lo menos, se ha involucrado en la creación y administración de empresas basadas en fuentes de energía limpia, renovables. Krugman señala que si bien han quebrado dos o tres empresas de estas, en general la experiencia ha sido positiva y, por lo demás, subraya, algunas empresas privadas también quiebran.
Al terminar la entrevista reflexiono sobre la discusión permanente en relación con el tipo de organización económica que es más apropiado para una sociedad, una discusión que a menudo opone al Mercado frente al Estado. Se trata de un falso dilema, pues en la práctica el asunto no es obviamente si Mercado o Estado sino cuánto Mercado y cuánto Estado y de qué calidad. Extendiendo el argumento, el Estado puede ser buen empresario en algunos pocos sectores, pero es una tarea que mejor deja en manos del sector privado. Donde no está en discusión la actividad del Estado en la economía es en su importante labor de regulador, de proveedor de bienes públicos y de instrumentador de políticas que vayan en beneficio de toda la gente y no de un sector o grupo en particular. Y es allí donde el Estado puede ser bueno, malo o regular y de su desempeño dependerá en gran parte también el bueno, malo o regular funcionamiento de los mercados.
Cuando el análisis deriva hacia considerar cuánto Mercado y cuánto Estado, el papel de las instituciones y el desempeño institucional cobra relevancia. En la definición del Nobel de Economía Douglas North, las instituciones surgen como una manera de llegar a arreglos políticos y sociales que propendan a hacer más eficientes las actividades económicas [1]. Se comprende entonces que el equilibrio o balance entre Mercado y Estado, uno que oriente la economía hacia su desarrollo, pasa por generar instituciones de buena calidad, por crear dentro de la sociedad que se trate una alta capacidad institucional. Existen innumerables ejemplos de que este argumento se soporta en la experiencia de crecimiento económico de países e incluso de regiones. En efecto, en los países y regiones con una alta calidad institucional tanto los mercados así como los gobiernos se desempeñan mucho mejor que en los países y regiones donde la calidad de sus instituciones es baja. Al respecto, en un estudio del Banco Mundial que contrastó el crecimiento económico de los países en relación con las políticas económicas que se implementan y la capacidad institucional existente para implementarlas, se demuestra que las naciones con baja distorsión de sus políticas y alta capacidad institucional crecen, en promedio, a tasas más altas que las naciones con baja distorsión de las políticas pero con baja capacidad institucional. La peor situación es la de los países que crecen a tasas muy bajas, cercanas a cero, los cuales exhiben una alta distorsión de las políticas combinada con baja capacidad institucional [2].
Por ejemplo, Finlandia y los demás países de la región escandinava se encuentran entre los líderes en alta capacidad institucional, medidos por parámetros como la calidad de su gobernanza. Por tanto, sus regulaciones, la provisión y calidad de sus bienes públicos y el diseño de sus políticas, han resultado un apoyo fundamental para el buen desempeño de su sector privado y de los mercados. El ejemplo contrario, con algunas excepciones, son los países africanos, donde la baja capacidad institucional sin duda supone un gran obstáculo tanto para tener una gobernanza de calidad así como para el buen funcionamiento de los mercados.
¿Y qué hay de América Latina? Al respecto, se podría decir que, en promedio, la calidad institucional de los países latinoamericanos es regular [3]. Pero ese promedio esconde el hecho de que hay algunos que exhiben buena calidad institucional, como Chile, Uruguay o Costa Rica, mientras que hay otros que han sufrido una debacle institucional tan grande que su gobierno se encuentra al borde de ser etiquetado como Estado fallido, con un funcionamiento de los mercados tan deficiente que lo ubica en los últimos lugares en cualquier ranking basado en un índice que se emplee sobre este aspecto. Creo que mi lector o lectora no tendrá muchos problemas en identificar que del país que estoy hablando en este último caso es Venezuela. Lo más lamentable del caso venezolano es que hasta la última década del siglo XX, si bien el país no contaba con muchas instituciones de primera calidad, al menos estas tenían un funcionamiento regular y eran mejorables. Esta debacle institucional supone que en los hechos los países pueden verse sometidos, en algún periodo de su historia, a una involución drástica que eche por tierra en pocos años los esfuerzos para hacer de las instituciones los pilares requeridos para garantizar una regulación de calidad, una buena dotación de bienes públicos y la implementación de buenas políticas que impacten favorablemente en su crecimiento económico. El punto álgido del caso venezolano es que las consecuencias de su colapso institucional han sido tan perjudiciales que aparentemente existe una frontera de irreversibilidad donde difícilmente se podrán recuperar algunas instituciones. No cabe la menor duda que en el futuro una de las tareas fundamentales para la recuperación de Venezuela pasa por su reinstitucionalización.
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[1] Véase Douglas C. North (1993). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México D.F: FCE.
[2] Véase Banco Mundial (1997). El Estado en un mundo en transformación. Informe sobre el Desarrollo Mundial 1997. Washington D.C: Publicaciones del Banco Mundial.
[3] Véase Banco Interamericano de Desarrollo, BID (2006). La política de las políticas públicas. Informe sobre el Progreso Económico y Social de América Latina 2006. México D.F: Editorial Planeta Mexicana.
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