La Unión Europea decidió volver a incluir a Panamá en su lista de paraísos fiscales, los centros financieros asociados con capitales producto de la evasión fiscal, la corrupción y el lavado de dinero. Las implicaciones negativas que esta medida traerá ya ha provocado las naturales reacciones de protesta de parte del gobierno panameño. No sé si la medida es justa o acertada, lo que sé es que está relacionada con los estándares de legalidad y calidad institucional requeridos para la administración y operatividad del sistema financiero internacional. Al respecto, Gabriel Zucman, un economista especialista en el tema de los paraísos fiscales y de los impuestos y su comportamiento a lo largo del tiempo, junto con su equipo de investigación ha estimado en un estudio de 2017 que la riqueza colocada en paraísos fiscales representa en promedio el 9,8% del PIB mundial. El problema de la riqueza oculta de forma ilegal en paraísos fiscales es más agudo en los países en desarrollo. Los Emiratos Árabes Unidos aparentemente tienen un poco más del 70% de su PIB en capitales colocados en paraísos fiscales y Venezuela un poco más de 60%, Rusia casi 50% y Argentina alrededor de 35% de su PIB [1]. La cifra promedio global representaría aproximadamente 8,4 billones de dólares en 2018, de un PIB mundial de 85,9 billones de dólares –a precios actuales- tomando como fuente para el dato del PIB al Banco Mundial.
En descargo de Panamá, digamos que sea o no un paraíso fiscal el país centroamericano implementó hace más de tres décadas una serie de medidas macroeconómicas y microeconómicas que le han servido para liderar el crecimiento económico en América Latina, a un ritmo de 5,9% anual en los últimos 25 años, lo cual ha significado elevar el ingreso per cápita hasta 15.575 millones de dólares -a precios actuales- en 2018, según datos del Banco Mundial, y reduciendo la tasa de pobreza de 34% en 2002 a 17% en 2016, según cifras de la Cepal. No obstante, Panamá sigue arrastrando el problema social de ser unos de los países con mayor desigualdad económica de América Latina y del mundo.
Por otra parte, por estos días ha cobrado relevancia las críticas a las inconsultas e inconstitucionales medidas tributarias que el gobierno venezolano ha decretado a comienzos de este año 2020. Se trata de una reforma tributaria dirigida especialmente a pechar las actividades económicas de las transacciones comerciales y empresariales realizadas en dólares, incluyendo el pago de deudas tributarias en esta u otra divisa extranjera. Ante el derrumbe de sus ingresos fiscales, el Estado venezolano intenta crear una vía expedita de ingresos reales, que no pierdan valor aceleradamente, como sí ocurre con la recaudación impositiva nominal debido al efecto de la hiperinflación. Las medidas se toman considerando un proceso de dolarización de la economía venezolana que es sui generis, informal y desordenado, sin que se corresponda con una política monetaria ni cambiaria transparente y consistente.
Entre las diversas críticas que se han realizado a estas medidas desde que se anunciaron están las de la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE). La ANCE sostiene en un pronunciamiento que se ha hecho público que se pretende reducir el enorme déficit fiscal con medidas espurias, manteniendo la política de financiamiento monetario del gasto público, que es la causa principal de la elevada inflación de los últimos años, convertida en hiperinflación desde octubre de 2017. Medidas tributarias como el pago del IVA a las transacciones comerciales realizadas en dólares, derivando en un gravamen doble, la reducción de los ítems de importación de bienes y servicios exonerados del pago de aranceles y el pago de multas y deudas tributarias indexadas al valor de una divisa extranjera, lucen inciertas y complicadas de aplicar. Todo ello generará probablemente una mayor evasión fiscal e incluso una disminución de la recaudación. La ANCE concluye que: “Por estas y otras razones, las pretendidas reformas sólo habrán de agravar aún más la precaria situación de la economía venezolana, profundizando la situación de hambre y miseria de inmensas mayorías.” [2].
A lo externo resulta por demás contradictorio que en un país colapsado económica y financieramente, altamente endeudado y en default, como lo es Venezuela, sus ricos y corruptos oculten su dinero en los paraísos fiscales en un monto que es casi dos tercios el tamaño de su economía. A lo interno resulta otra contradicción que el problema del enorme déficit fiscal, entre 19% y 23% del PIB según cifras del FMI, el gobierno quiera resolverlo con medidas incongruentes. Por tanto, la reducción de dicho déficit con medidas tributarias que pechan las actividades de una economía sumamente deprimida, reducida a un tercio del tamaño que tenía hace seis años, no tendrá el efecto esperado por el gobierno y antes más bien generarán mayor incertidumbre y expectativas negativas en los agentes económicos.
Comencé esta entrada mencionando el impacto económico de los paraísos fiscales y terminé exponiendo cómo Venezuela se ha convertido en un “infierno fiscal”, donde su gobierno toma medidas tributarias espurias e incongruentes para resolver un grave problema macroeconómico. Estas medidas no lograrán su cometido de cara a una supuesta recuperación económica del país con las políticas de este gobierno; metafóricamente hablando, más bien recuerdan la inscripción que, en la Divina Comedia, Dante lee al llegar precisamente al infierno: “…Abandonad toda esperanza”.
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[1] El estudio referido es: Alstadsaeter, A.; Johannesen, N.; Zucman, G. (2017). Who Owns the Wealth in Tax Havens? Macro Evidence and Implications for Global Inequality. NBER Working Paper No. 23805, September, 2017.
[2] El documento de la ANCE se llama: La Academia Nacional de Ciencias Económicas ante las medidas tributarias.
@iscovarrubias