En la película peruana de 1998 No se lo digas a nadie (Dir. Francisco Lombardi) basada en la novela homónima del escritor y presentador peruano Jaime Bayly, hay una escena donde el chico protagonista viene de regreso con su padre de la hacienda de su propiedad y en la carretera este atropella a un hombre. Se detienen un momento y el chico se angustia y le dice que parece lo mató. El padre sigue la marcha despreocupado y le dice a su hijo: “No cacé nada en la hacienda pero por lo menos maté un cholo de regreso”.
He recordado esta escena, tan reveladora socialmente, a raíz del suceso ocurrido en un mercado de comercios informales en la ciudad de Trujillo en Perú, donde un joven comerciante venezolano con un negocio allí fue vilmente asesinado en su local por un sicario, a plena luz del día, aparentemente, según la información posterior, porque se negó a pagar la “vacuna” que le estaban cobrando. Conocemos del caso porque en las redes sociales está el video grabado en las cámaras de seguridad del cruento hecho.
Enseguida las redes sociales estallaron en reclamos y denuncias del suceso como un nuevo ataque xenofóbico en uno de los varios países de Suramérica donde han emigrado por millones los venezolanos, como consecuencia de la grave crisis económica y social que atraviesa nuestro país. Pero creo que la explicación del hecho no tiene que ver tanto con la xenofobia, sin negar por supuesto esta exista y se manifieste de muchas maneras hacia los venezolanos.
A mi parecer, la explicación tiene más vinculación con una situación donde en América Latina en general muchas personas son discriminadas y excluidas socialmente por su etnia, raza, discapacidad, nivel socioeconómico, género, orientación sexual, o porque son inmigrantes. Algunos individuos de estos grupos sociales forman parte de más de una de estas categorías, por ejemplo puede ser mujer, negra, pobre y con discapacidad visual. La discriminación y la exclusión social tienden a incrementar la desigualdad existente, pues la persona discriminada o excluida participa en condiciones desventajosas en las pocas oportunidades que el Estado o la sociedad brinda para superar su situación y a veces ni siquiera participa porque no hay tales oportunidades. Todo se convierte entonces en un círculo vicioso, donde el rasgo principal de estos grupos es su vulnerabilidad social ante casi cualquier situación, se trate de acceso a la educación, a la salud o en algún aspecto atinente a la seguridad, incluyendo sus demandas de justicia penal.
No sabría decir, pues no tengo información para formarme un juicio propio, si la discriminación y exclusión hacia el cholo ha cambiado para mejor, peor, o continúa igual en Perú. En uno de sus dos libros que he leído, no sé si en El otro sendero o en El misterio del capital, el economista peruano Hernando de Soto menciona que la discriminación hacia esta etnia, la gente de la Sierra, llegó a ser tan aguda en su propio país que un diputado o senador de la República en algún momento planteó se les exigiera pasaporte para ingresar a Lima.
Atando un par de cabos, lo que por cierto plantea Hernando de Soto en ambos libros es que comercios y empresas informales vendrían a ser el equivalente en las actividades económicas de los grupos sociales mencionados, pues estas también son actividades discriminadas, excluidas, se realizan al margen de formalidades como tener registros de propiedad sobre los activos (terreno, construcciones, maquinarias, equipos) y pagar impuestos. En general, América Latina todavía exhibe en promedio un alto nivel de informalidad en una parte de sus actividades económicas. Todo ello repercute en que las empresas informales no crecen, tienen dificultades para acceder al sistema financiero y a créditos, más otros problemas concomitantes.
Los problemas de los grupos sociales discriminados y excluidos y la informalidad, son permeabilizados por otro problema atávico y estructural bastante conocido y estudiado en América Latina. Se trata de la desigualdad, la más alta en promedio del mundo. El inmigrante pobre forma parte de un grupo social vulnerable y donde llega sufre las consecuencias de la discriminación, la exclusión, o de ser percibido como una amenaza. Como lo dice la filósofa española Adela Cortina, más allá de que exista xenofobia en un país, hay que diferenciarla de la aporofobia, que es el miedo al pobre, sea nacional o extranjero. El inmigrante por lo general es pobre, de manera que regularmente es objeto de la doble amenaza que puede significar ser inmigrante y ser pobre.
El comerciante informal inmigrante venezolano asesinado no era estrictamente pobre pero seguramente limitado económicamente, y termina siendo víctima de su vulnerabilidad ante mafias criminales que realizan cobros ilegales a los comercios, algo común que suceda en la mayoría de los países de América Latina. Estas mafias se aprovechan además de la ineficacia de las políticas de seguridad del Estado y se amparan en la impunidad que brinda un sistema jurídico penal deficiente y corrupto.
Es posible que la triste noticia de lo ocurrido con mi compatriota se mantenga unos días, llame a alguna reflexión y sirva para que se luzcan los políticos de turno con declaraciones demagógicas e interesadas. Pero lo verdaderamente preocupante es que probablemente después de un tiempo el hecho se cubrirá de indiferencia, después de todo alguien dirá que no es para tanto, solo es un venezolano inmigrante menos.