“TAMBIÉN LA LLUVIA” Y EL CONSENSO DE WASHINGTON

tambien-la-lluvia-cartel“También la lluvia” es un film español del 2010, dirigido por Iciar Bollain y protagonizado por Luis Tosar y Gael García Bernal; narra las vicisitudes por las que pasa un grupo de cineastas que ruedan una película sobre la conquista española en América, al verse atrapados en Cochabamba, Bolivia, en medio de unas violentas protestas motivadas por la privatización y aumento de las tarifas del servicio de agua potable en esa localidad. El nombre de la película se relaciona con la situación de los habitantes pobres, la gran mayoría campesinos, ante la imposibilidad de pagar por el suministro de agua potable, por lo cual se organizan para recoger el agua de lluvia, pero la compañía privada a cargo del servicio obstaculiza que el agua se consiga por esta vía. Por ello, un personaje exclama que pretenden adueñarse también de la lluvia. El hecho en sí ocurrió realmente en esa ciudad boliviana entre enero y abril del año 2000 y fue conocido como la “guerra del agua”.

Este conmovedor film, intimista, pero a la vez de denuncia social, me hizo recordar la suerte y destino de las políticas de reforma económica implementadas en la mayoría de los países de América Latina durante finales de los años ochenta e inicios de los noventa, teniendo como guía las recomendaciones del FMI, el Banco Mundial y think tanks neoliberales, conocidas con el nombre de Consenso de Washington. Las reformas, grosso modo, incluyeron: privatización de empresas estatales; liberalización del comercio; eliminación de subsidios; liberalización de las tasas de interés y del tipo de cambio; reducción de los déficit fiscales; disminución de la tasas de inflación (menor a un dígito); desregulación financiera, reforma tributaria. La idea detrás de estas reformas era generar un clima de estabilidad macroeconómica, sustentado en el funcionamiento de los mercados, que resultara atractivo para la inversión nacional y extranjera, que posibilitara un crecimiento económico alto y sostenido.

Considerando el alto nivel de ineficiencia operativa de las empresas públicas, la alta carga presupuestaria que representaban, derivada de los enormes subsidios de los precios y tarifas a sus productos y servicios, los onerosos contratos laborales a los que estaban sometidos y la falta de inversiones de largo plazo, tanto para realizar la necesaria reposición de equipos o para incrementar la escala de producción o de prestación de servicios, la agenda privatizadora encontró más de una justificación y se cumplió puntualmente dentro del proceso de reformas.

Se privatizaron empresas de una gran cantidad de sectores económicos, de servicios como las telecomunicaciones y la banca y servicios públicos como la electricidad y, en menor medida, el agua potable. Las privatizaciones de servicios públicos fueron muy problemáticas allí donde se implementaron; junto con la eliminación de subsidios y la liberalización de precios de bienes básicos, constituyeron el flanco por donde los movimientos de izquierda y anti-neoliberales atacaron con mayor virulencia estas políticas. Se argumentaba que, por un lado, el costo social de estas reformas recayó principalmente sobre los grupos más vulnerables y, por otro, se instrumentaron sin contar con programas sociales destinados a paliar sus efectos negativos.

Los altos costos sociales asociados a las reformas y las protestas derivadas, originaron que algunos gobiernos latinoamericanos, desde la segunda mitad de los años noventa, dieran marcha atrás en algunas de las medidas tomadas, incluyendo algunas privatizaciones. La oposición a las reformas se convirtió en el leitmotiv que aseguró un amplio respaldo popular a la ola de movimientos políticos de izquierda que accedieron al poder hacia finales del siglo XX, como en el caso de Hugo Chávez en Venezuela, y durante la primera década del siglo XXI: Evo Morales en Bolivia, Néstor Kirchner en Argentina y Rafael Correa en Ecuador. Estos gobiernos de izquierda han implementado programas económicos y sociales que han ido, en la mayoría de los casos, a contracorriente de las recetas del Consenso de Washington.

Mucha agua (también lluvia) ha corrido desde que se implementaron las políticas de reforma en América Latina. Una evaluación retrospectiva del impacto de estas políticas, fundamentadas en varias investigaciones, ha concluido que, en general, los resultados referidos al crecimiento económico de los países latinoamericanos posterior a su aplicación fueron decepcionantes, incluso inferiores, comparativamente, al crecimiento alcanzado en las décadas de los sesenta y setenta. Las explicaciones detrás de estos magros resultados se han buscado en la falta o el retraso en la instrumentación de ciertas reformas claves, como la restructuración del sistema financiero y del sistema tributario. También se ha atribuido su debilidad al hecho de que estas reformas económicas, implementadas a un nivel macro, no estuvieron acompañadas de reformas institucionales, en un nivel micro, dirigidas a mejorar la calidad de la gestión pública, la gobernabilidad y a fomentar marcos regulatorios eficientes, orientadas a generar un clima de negocios que resultara atractivo para los inversionistas.

Más allá de la retórica y de la agenda política izquierdista que dicta cuestionarlas, lo cierto es que, en la práctica, se puede comprobar que algunas reformas se han mantenido en el tiempo. La razón es que han resultado ser una condición necesaria, aunque no suficiente, para generar estabilidad macroeconómica y, en menor medida, un crecimiento económico sostenido. Prueba de ello es que políticas como la dolarización en Ecuador, que dificulta al Banco Central de ese país el incremento de la oferta monetaria, evitando así la fuerte presión inflacionaria que derivaría de su aumento discrecional, no fue ni se prevé que sea desmantelada por el gobierno del presidente Correa.

Otra reforma, la liberalización del comercio, se mantiene en prácticamente todos los países latinoamericanos y, de hecho, se sigue ampliando su alcance mediante los acuerdos de integración económica. Esta medida ha supuesto un fuerte impulso para los flujos de comercio internacional, especialmente para el acceso de las exportaciones no tradicionales a mercados no tradicionales. Las reformas orientadas a sostener la disciplina fiscal y monetaria, la cual resulta clave para la estabilidad macroeconómica, ha sido y sigue siendo una meta explícita en la mayoría de los países latinoamericanos. La relativa estabilidad macroeconómica que disfrutan naciones como Brasil y Perú, les ha permitido no solo preservar los incrementos del ingreso real por habitante, sino también mejorar la percepción de riesgo de invertir en ellos, por lo cual ha aumentado significativamente los flujos de inversiones extranjeras directas que reciben anualmente.

Venezuela es probablemente la nación donde las políticas del Consenso de Washington han sido más neutralizadas, especialmente mediante la re-estatización de una gran cantidad de empresas de la industria siderúrgica, cementera, concesiones petroleras, de telecomunicaciones. En otros aspectos, como la alta volatilidad macroeconómica, reflejada especialmente en el desequilibrio recurrente del régimen del tipo de cambio controlado, aplicado desde el 2003, y en las tasas de inflación por arriba de un dígito que exhibe el país año tras año, el actual gobierno revolucionario ha pagado y seguirá pagando con creces el no haber seguido la disciplina fiscal y monetaria exigida con las reformas. Aunque la liberalización comercial se ha mantenido, el flujo de comercio, especialmente las exportaciones no petroleras, se enfrenta a otros problemas coyunturales y estructurales, como la sobrevaluación del tipo de cambio y a obstáculos a nivel de la calidad de la infraestructura y de la gestión de los puertos. Estas dificultades parecen dar la razón a los que pensamos que la inefectividad de esta reforma específica se debe a la falta de complementación entre políticas macro y medidas microeconómicas.

Además de volver a estatizar las empresas privatizadas, el gobierno venezolano ha aplicado un amplio programa de expropiaciones que le ha permitido el control de una gran cantidad de actividades económicas del sector agrícola, la industria de la producción y distribución de alimentos, la banca, los seguros. El servicio de agua potable, al igual que el resto de los servicios básicos prestados a la población son gestionados con altos niveles de subsidios en las tarifas y altos niveles de ineficiencia operativa, además de no estar realizándose las necesarias inversiones de reposición ni de adecuación de la escala de los servicios al incremento de su demanda. Curiosamente, al contrario de lo que pasó en la película, la manía estatizadora del gobierno revolucionario se ha manifestado tan amplia que no resultaría descabellado anunciaran en algún momento que estatizan también la lluvia.

 

 

 

 

 

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2 respuestas a “TAMBIÉN LA LLUVIA” Y EL CONSENSO DE WASHINGTON

  1. Carlos Primera dijo:

    Muy interesante el artículo. Faltó mencionar la corrupción que campea en el país (Venezuela). Felicitaciones.

  2. Juan Carlos Correa dijo:

    Excelente art’iculo, ya un pol’itico de por ‘estos lados anunci’o la derogaci’on de la ley de gravedad, no ser’ia raro que estatizar’an otras cosas que se da en la mente de ‘estos pol’iqueros.

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