Es sabido que las economías prósperas lo son, entre otras cosas, porque las actividades productivas se realizan en un contexto donde las empresas pueden alcanzar altos niveles de productividad y se puede esperar igualmente un alto nivel de eficiencia en el funcionamiento de los mercados. Ambas afirmaciones hay que matizarlas si consideramos que las empresas pueden ser importantes fuentes de contaminación, acarreando costos sociales y los mercados, cuando están muy desregulados, pueden ser perjudiciales, también son fuente de problemas cuando el poder de mercado se concentra en unas pocas empresas. No obstante, la evidencia empírica de los estudios del crecimiento económico demuestra que la eficiencia permite obtener los mayores beneficios y alcanzar bienestar social.
Por el contrario, los países estancados económicamente o en retroceso lo son fundamentalmente porque en términos productivos son deficientes y hasta inoperantes. En aras de la simplificación, agrupemos las fuentes de las ineficiencias en dos grandes bloques. Un bloque se relaciona con las fallas en el desempeño macroeconómico, es decir, fallas en las políticas implementadas en este ámbito, conllevando a desequilibrios reflejados en altas tasas de inflación, altos niveles de deuda, tipos de cambio sobrevaluados, restricciones para el financiamiento, entre otros, todo lo cual repercute negativamente en el crecimiento del PIB y en el desempeño de las actividades económicas. El otro bloque lo representa el deficiente “clima de negocios”, es decir, la existencia de barreras y restricciones para hacer negocios e inversiones, lo cual se manifiesta en engorrosos y excesivos trámites y permisos, poca transparencia en las regulaciones, normas, contratos, etc. Todo ello acarrea altos costos de transacción para las empresas, restándoles productividad y competitividad.
En este orden de ideas, la recuperación que parece experimentar la economía venezolana desde el 2021, dentro de un entorno macroeconómico menos desfavorable que en los años precedentes y restringido a unos cuantos sectores específicos, no significa que estructuralmente los desequilibrios hayan desaparecido. A pesar de anunciar el gobierno como un gran logro el abatimiento de la hiperinflación, la cual azotó la economía por casi cuatro años, todavía la variación del nivel de precios de los bienes y servicios sigue siendo muy elevada y solo en el último año se produjo una inflación acumulada anual de 686,4%, según cifras del BCV. Tampoco se observa que hayan ocurrido grandes cambios en el mal clima de negocios, limitativo y costoso para el desempeño de las empresas, los negocios y la realización de inversiones, imperante en Venezuela por varios decenios [1].
Los altos costos debidos al mal desempeño macroeconómico, la baja productividad y los altos costos de transacción de las actividades económicas, derivan hacia importantes pérdidas de ingresos [2]. Estas pérdidas ocurren porque en general se dejan de percibir ingresos que pudieron obtenerse si el funcionamiento de la economía venezolana fuese más eficiente. Del lado gubernamental, los ingresos fiscales no obtenidos habrían servido para ser invertidos en bienes públicos y en la cobertura de necesidades sociales. Del lado de la empresa privada, los ingresos perdidos suponen una menor capacidad de estas para realizar inversiones y mejorar su competitividad.
Por lo demás, cuando la totalidad de los recursos que se pueden utilizar y asignar en una economía no se materializa, se abre una brecha entre el PIB real y el PIB potencial (el PIB que se puede alcanzar utilizando todos los recursos de los que dispone una economía). En estos términos, el producto no realizado puede ser visto como una pérdida económica. La importante brecha entre el producto real y el potencial que ha caracterizado y caracteriza a la economía venezolana ha supuesto una pérdida de ingresos sustancial a lo largo de décadas [3]. Otra pérdida de ingresos relevante se generaba hasta hace poco tiempo del sostenimiento de un elevado subsidio al precio de la gasolina. Venezuela llegó a tener el precio de la gasolina más barata del mundo, dado que este precio era insignificante, el costo de oportunidad de no vender el litro de gasolina al precio internacional fue muy alto. Se estima que cada año el Estado venezolano perdía ingresos fiscales por el orden de 10.000-15.000 millones de dólares por mantener dicho subsidio.
Por su parte, la actividad económica más importante del país, la que concierne a la industria petrolera, se convirtió en una fuente de pérdida de ingresos fiscales, representados en los que se podrían haber alcanzado si se hubiese al menos mantenido constante su capacidad de producción. Explicada brevemente, con datos de la OPEP, la situación de la producción petrolera revela que esta llegó a ser de un promedio de 3,2 millones de barriles diarios (b/d) en 1999. Sin embargo, tras dos décadas de salida de un contingente importante de su recurso humano más capacitado, cierre de contratos con empresas y mala administración, la industria petrolera pasó a producir un promedio de 500.000 b/d en 2020, su peor desempeño en mucho tiempo. Durante 2021 la producción se recuperó parcialmente hasta alcanzar 718.000 b/d en diciembre (1.000.000 de b/d según lo anunciado por el gobierno venezolano), pero esa capacidad no se sostuvo ni siquiera en el primer trimestre del 2022, pues ha caído en unos 50-100.000 b/d. La posibilidad surgida este mes de marzo de llegar a un acuerdo que permita al gobierno venezolano exportar 400-500.000 b/d de petróleo hacia Estados Unidos, tendría en la práctica algunas limitaciones para materializarse, al menos en el muy corto plazo, pues expertos petroleros han señalado que, sin nuevas inversiones, se puede alcanzar como máximo una producción de 1,2-1,3 millones de b/d y es inviable alcanzar la meta del gobierno de producir 2.000.000 b/d. En un contexto donde en febrero de 2022 el precio promedio de realización fue de 71, 02 dólares por barril para la cesta petrolera venezolana (mezcla Merey), lo expuesto se traduce actualmente y en el panorama futuro, en una pérdida relevante de ingresos fiscales estimados en decenas de miles de millones de dólares.
Otro ámbito donde las malas políticas han mermado y mermarán aún más en el futuro los ingresos fiscales es el aumento del servicio de la deuda pública externa relativa a los bonos soberanos de la República y de PDVSA. En efecto, el gobierno venezolano se endeudó excesivamente incluso en los años en que experimentó un boom de ingresos petroleros, pero la capacidad de pago del servicio de la deuda disminuyó drásticamente una vez que mermaron los ingresos fiscales desde 2014 en adelante. El país entró en default desde noviembre de 2017 y casi cinco años después esta sigue siendo la situación. Según los cálculos del economista Hermes Pérez, la deuda venezolana ronda actualmente los 87.000 millones de dólares y los compromisos financieros por cada año de retraso en el impago aumentan en unos 5,2 millones de dólares cada año, reflejando claramente un costo financiero traducido en una pérdida de ingresos fiscales que pudo ser evitada [4].
Las pérdidas de ingresos fiscales se han presentado durante décadas en otras situaciones de decisiones de política además de las mencionadas, siendo las más relevantes las generadas por: a) la brecha entre el tipo de cambio oficial y el del mercado paralelo, especialmente cuando se han impuesto regímenes de control del tipo de cambio como RECADI o CADIVI; b) la disminución de las reservas internacionales (divisas y oro monetario), especialmente debido a la “quema” de reservas para sostener el tipo de cambio oficial [5]. Por su parte, siguiendo este hilo de explicación, las pérdidas de ingresos sufridas por el sector privado han estado asociadas a: c) bajo nivel de productividad laboral; d) disminución de la producción por fallas recurrentes de los servicios públicos; e) la política de expropiaciones.
En conclusión, la economía venezolana exhibe tanto del lado del funcionamiento del Estado, así como del lado de la actividad empresarial, importantes ineficiencias, baja productividad y falta de competitividad, lo cual provoca importantes pérdidas de ingresos fiscales y limita la posibilidad de que las empresas obtengan mayores ingresos y sean más productivas y competitivas. Solo el diseño de buenas políticas consistentes y realistas, que sean respaldadas además por ambos sectores, el gubernamental y el empresarial privado, orientado a lograr eficiencia, pudiera modificar ese escenario desfavorable en un momento en que la economía del país más lo necesita.
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[1] En el último informe Doing Business del Banco Mundial del 2020, basado en estudios donde se evalúan una serie de indicadores representativos de qué tan fácil o difícil es hacer negocios en un determinado país y clasifica a las economía con base en los resultados, Venezuela quedó confirmada como una de las economías que exhibe mayores dificultades para hacer negocios y realizar inversiones.
[2] Según datos de ILOSTAT-OIT, la productividad laboral de la economía venezolana es baja incluso en relación a los demás países latinoamericanos. La productividad por hora trabajada representó en 2021 (medida a precios constantes del 2010) un 15,3% y la correspondiente por trabajador empleado un 8,0% de la respectiva productividad de los Estados Unidos.
[3] Una investigación que estimó la brecha del PIB para Venezuela en el periodo 1999-2010, identificó shocks fiscales y monetarios, por el lado de la demanda agregada, y tecnológicos y laborales, por el lado de la oferta agregada, encontrando que dicha brecha es inicialmente amplia, pero tendió a cerrarse conforme se produjo un aumento significativo de los precios del petróleo al final del periodo. Al respecto véase el artículo de Harmath, P., Mora, J. y Acevedo, R. (2013). “La brecha del producto y el producto potencial de Venezuela: una estimación SVAR” Revista Desarrollo y Sociedad, Nro. 71, pp. 43-81.
[4] En el periodo 2005-2013, el riesgo país de Venezuela, una medida del costo financiero para la emisión de deuda pública, se comportó de manera volátil. En el segundo trimestre del 2006 el riego país fue bastante bajo, de 196 puntos básicos (1,96%), para luego dispararse desde el cuarto trimestre de 2008, alcanzando, en el primer trimestre del 2009, 1.669 puntos básicos (16,69%), cerrando el periodo en 1.112 puntos básicos (11,12%) en el cuarto trimestre del 2013. Al respecto véase la Tesis de Maestría en Gerencia Financiera del DCEE-UCLA de la licenciada en matemáticas Johela Pérez, teniéndome a mí de tutor: “Análisis de la relación estadística entre ingreso petrolero, deuda pública externa y riesgo país de la economía venezolana para el periodo 2005-2013”. DCEE-UCLA, enero 2015. Actualmente, en medio del default, el riesgo país de Venezuela se ha elevado hasta la cifra de 39.254 puntos básicos, lo cual significa que los inversionistas exigirían un rendimiento esperado cercano a 400% en una hipotética (e inviable) emisión de papeles de deuda del gobierno venezolano.
[5] El economista Miguel Ángel Santos destaca la paradoja de que los controles de cambio se impusieron como una justificación para frenar la fuga de capitales cuando en realidad terminaron exacerbándola. Según sus estimaciones, en el periodo 1999-2018 se fugaron de Venezuela capitales por el orden de 229.750 millones de dólares. Al respecto véase el artículo: Santos, M. A. y Reinhart, C. (2015). “From Financial Repression to External Distress: The Case of Venezuela”. NBER Working Paper No. 21333. Julio 2015. Por su parte, el economista Asdrúbal Oliveros estima que el BCV vendió a la banca venezolana 2.197 millones de dólares desde febrero 2019 hasta febrero 2022. A su juicio, el cual comparto, esta política ha significado en parte un despilfarro que se hubiera evitado o supuesto un menor costo si se hubiera profundizado la política de dolarización.