La economía si tiene quien le escriba

A mediados de los años de 1990 asistí, junto con Alejandro Gutiérrez, a una reunión de trabajo con productores de papa de la zona andina de Mucuchíes, en el estado Mérida.[1] La reunión tenía por finalidad promover, entre los productores y las autoridades locales, un proyecto público-privado de producción y comercialización de semilla de papa certificada venezolana en la región andina, la principal zona productora de papa del país.

La factibilidad técnica del proyecto se sostenía fundamentalmente en el hecho de que el centro de investigación en semilla de papa, del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), había desarrollado en sus campos experimentales de los andes, variedades de semilla autóctonas que tenían un rendimiento un 50% superior, en kilogramos por hectárea cosechada, a los rendimientos que se obtenían con variedades de semilla certificada importadas, especialmente de Canadá y de Colombia. Con estos datos técnicos, se pretendía hacer una evaluación que demostrara la factibilidad financiera del proyecto. Se estimaba que, previsiblemente, al lograr un mayor rendimiento por hectárea en la producción de papa, se elevaría la tasa de retorno de la inversión de los productores andinos. Se pensaba que con la implementación del proyecto también disminuiría paulatinamente su alta dependencia de la semilla certificada importada.

El entorno macroeconómico a mediados de los años noventa permitía abrigar cierto optimismo en cuanto a la factibilidad del proyecto. En esos años se estaba experimentando algunos efectos favorables derivados del programa de ajuste estructural iniciado en 1989, que si bien en retrospectiva fue un programa de ajuste incompleto, donde se atendieron mal los costos sociales derivados de este tipo de ajustes, tuvo la virtud de contar con una política cambiaria acertada, aunque por corto tiempo.

Se buscó tener un tipo de cambio real equilibrado, competitivo, en un contexto donde se estimuló la exportación de bienes diferentes al petróleo, aprovechando además la política de liberación comercial que llevó a Venezuela a ingresar a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y a lograr acuerdos de integración regional y de libre comercio con varios países latinoamericanos, especialmente con su vecino, Colombia.

Retrospectivamente, las políticas de ajuste, especialmente la política cambiaria y la política comercial, lograron incrementar las exportaciones de bienes diferentes al petróleo. Por sólo nombrar la relación comercial con Colombia, tenemos que mientras en 1990 el comercio bilateral alcanzó una cifra cercana a los 500 millones de dólares, en 1997 se elevó hasta 2,5 mil millones de dólares, reflejando una tasa de crecimiento promedio interanual de 20,2%. Si bien la balanza comercial se inclinó durante todo el período a favor de Venezuela (excepto en el año 1991), es evidente que ambos países obtuvieron provecho de su comercio bilateral.[2]

No obstante, en el caso particular de la producción de papa en los andes, las minidevaluaciones del tipo de cambio, provocadas por el crawling peg implementado como política cambiaria, tuvieron el efecto de elevar el costo de la importación de semilla certificada. Este incremento conllevó a que los productores de papa comenzaran a utilizar la semilla importada para más de un ciclo de producción. Adicionalmente, la actividad arrastraba problemas concomitantes relacionados con deficiencias en el almacenamiento, transporte y comercialización a lo largo de la cadena productiva. Estas dificultades se reflejaron en la disminución de los rendimientos por hectárea del rubro y, por ende, en la pérdida de su competitividad, especialmente con relación a la importación de papa colombiana.

En este contexto, los consultores del proyecto pensábamos que las dificultades que enfrentaban los productores andinos de papa, por la pérdida de competitividad del rubro, suponían una oportunidad para hacer factible el proyecto de producción y comercialización de semilla de papa certificada venezolana. Se esperaba contar con el apoyo de los productores y de las autoridades gubernamentales locales y regionales.

Se estimaba, además, que el apuntalamiento del proyecto debía descansar en la promoción y desarrollo de otros factores competitivos para su éxito. Entre estos factores se contaban el importante apoyo técnico y de innovación que se recibiría del centro de investigación agrícola, la dotación de infraestructura de almacenamiento, transporte y de comunicaciones de calidad en la zona productora y el impulso de la cadena de valor, involucrando a los principales agentes productivos y de prestación de servicios del negocio.

En la práctica, fuimos bastante ingenuos en pensar que los argumentos que se presentaron en la reunión con los productores de papa los convencería de participar con entusiasmo en el proyecto. No fue así. Un político local, asistente a la reunión, soliviantó la discusión aduciendo que la medida que se debía tomar de inmediato era solicitar al gobierno nacional la prohibición de la importación de papa desde Colombia.

Nuestras razones se expusieron de forma sencilla y con ejemplificaciones, cuidándonos de que el proyecto no se entendiera como un asunto propuesto por tecnócratas, que planifican desde sus cómodas oficinas, alejados del día a día y de las realidades del campo. Sin embargo, no hubo manera de obtener la aprobación del proyecto por parte de los productores, pues la mayoría se decantaron por apoyar la solución más efectista y de corto plazo que ofrecía el político.

Desde esa reunión con los productores andinos de papa ha corrido mucha agua y Venezuela ha experimentado significativos cambios políticos, económicos y sociales. La realidad es que el proyecto de producción y comercialización de semilla de papa certificada venezolana nunca se llevó a cabo, por lo menos no como estaba planteado inicialmente, aunque en los campos experimentales del INIA se ha seguido produciendo variedades de semilla venezolanas y foráneas. No obstante, esta producción se ha revelado absolutamente insuficiente para cubrir la cuantía de la demanda requerida.

Los tradicionales problemas de la actividad se han exacerbado. Una dificultad actual se refiere a que no se trata de si se importa semilla certificada a un elevado costo, sino que, siendo el gobierno el único importador, el insumo no está llegando a los productores a tiempo ni en las cantidades adecuadas, al igual que otros insumos agrícolas, como los fertilizantes. Adicionalmente, los problemas de almacenamiento, transporte y comercialización para la producción de papa se han agravado.

Por su parte, las significativas distorsiones del actual control del tipo de cambio con tasas diferenciales, ha vuelto anticompetitiva la producción de papa y de muchos otros rubros agropecuarios, causando que dicha producción fluctúe ampliamente de un año a otro y no se haya incrementando sostenidamente. Este estancamiento queda corroborado al comparar la producción de papa a nivel nacional de 1998, de alrededor de 390.000 toneladas, con la del 2013, aproximadamente 420.000 toneladas, según estadísticas de la Confederación de Productores Agropecuarios (Fedeagro), con cifras del Ministerio de Agricultura y Tierras. Lo único seguro parece ser la incertidumbre que rodea tanto a las inversiones en esta actividad, así como la determinación del precio de la papa, que seguirá aumentando en la medida que los costos de producción sigan afectados por la alta tasa de inflación de la economía venezolana.[3]

La experiencia profesional con este proyecto fallido, me hizo reflexionar acerca de que la gran mayoría de los políticos venezolanos, de antes y de ahora, han tenido una miopía recurrente en confundir, a veces inconscientemente, a veces ex profeso, lo que son las consecuencias de un problema con sus causas. Esto los lleva a defender sus razonamientos de una manera sesgada, acomodaticia, con el propósito de convencer a sus electores de que están obrando en función del bien público. Por ello, a menudo las medidas que toman para la solución de un determinado problema están cargadas de demagogia o populismo. ¿No podemos competir con las importaciones de papa colombiana? prohibamos las importaciones ¿Qué hacemos con el problema del contrabando en la frontera y el desabastecimiento interno? cerremos la frontera. ¿El régimen de tipo de cambio flexible de Colombia nos hace daño? exijamos a su gobierno que instrumente un control de cambio.

Otra característica del político venezolano es su incapacidad para pensar no digamos en el largo plazo, un horizonte de veinte o treinta años, ni siquiera le importa el mediano plazo. La mayoría se concentra en soluciones de corto plazo, las que tienen más factibilidad política, a menudo al margen de su viabilidad técnica y financiera. Las medidas tomadas generalmente tienen un efecto positivo pasajero, pero no garantizan que el problema se solucionará. Frecuentemente, las dificultades regresan exacerbadas, causando más daño del que originalmente causaron.

Dicen que la política es demasiado importante para dejarla sólo en manos de los políticos. Pero frecuentemente los economistas y otros técnicos involucrados en el diseño de políticas económicas, en planes y proyectos públicos, tienen que confrontar sus argumentos frente al muro de contención que suponen el razonamiento confuso, cortoplacista y acomodaticio de los políticos de turno en el poder. Por ello, la negociación entre economistas y políticos puede suponer un proceso de mucho desgaste.

En estos términos, como lo comenta Ricardo Hausmann en el contexto de las economías de América Latina, se paga un costo grande por no tener políticas más enfocadas en la transformación productiva de las actividades, en la incorporación de tecnología, de conocimiento, que permitan aumentar la productividad, la competitividad de sus sectores económicos, un aspecto fundamental del crecimiento de largo plazo.[4] Con los proyectos tecnológicos-productivos fallidos queda pensar, con un dejo de nostalgia, en tantas oportunidades pérdidas, en lo que pudo haber sido y no fue.

[1] Mi colega y amigo el Dr. Alejandro Gutiérrez es un destacado economista venezolano, experto en el área de economía agroalimentaria y en integración económica regional, fundador y director de la más importante institución en investigación agroalimentaria de Venezuela, el Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL), de la Universidad de Los Andes (ULA).

[2] En 1998, Colombia representaba el destino del 26,0% de las exportaciones venezolanas de bienes diferentes al petróleo dentro del total de exportaciones de estos productos, convirtiéndose así en el principal mercado para éstas. Las exportaciones colombianas hacia Venezuela alcanzaron una participación relativa de 10,6% en sus exportaciones totales, sólo por detrás de las dirigidas a Estados Unidos (34,7%). El auge del comercio bilateral significó el incremento del comercio inter-industrial complementario y del comercio intra-industrial, lo cual se correspondió con una mayor diversificación de productos importados y exportados.

[3] Como se destacó en la entrada DESBALANCES DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA (II): LA ENFERMEDAD HOLANDESA (II) la recurrente sobrevaluación del tipo de cambio bajos diferentes regímenes cambiarios de la última década, volvió anticompetitivas las exportaciones de bienes diferentes al petróleo, las cuales han disminuido drásticamente. Teniendo como referencia el comercio bilateral con Colombia, los flujos comerciales alcanzaron en 2008 una cifra no superada hasta ahora de 7,8 mil millones de dólares, para luego retroceder, situándose en el 2014 a un nivel muy similar al obtenido en 1997, de 2,4 mil millones de dólares, según datos del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (Sela). Como un resultado apreciable de la sobrevaluación del tipo de cambio y, por tanto, de la pérdida de competitividad de las exportaciones venezolanas, se tiene que el país sobre el cual ha recaído la mayor parte del déficit comercial bilateral en los últimos 15 años ha sido Venezuela.

[4] La referencia para este comentario es una entrevista que realiza un periodista del diario El País a Ricardo Hausmann a la cual se puede acceder desde el siguiente link: http://economia.elpais.com/economia/2015/06/28/actualidad/1435509850_936215.html

En su tercer viaje de descubrimiento, Cristobal Colón, navegando por lo que se conoce como la península de Paria, a la que él llamó “Tierra de Gracia”, que forma parte del territorio costero-oriental de lo que hoy en día es Venezuela, avistó una isla, el 14 de agosto de 1498, a la cual nombró Cubagua.

Esta pequeña isla (de 24 Km. cuadrados) poseía ricos yacimientos de perlas, en torno a cuya explotación se inició el primer asentamiento español en Venezuela. Desde 1500, diversos historiadores de Indias documentan la presencia de pobladores en ella, con el afán de obtener las preciosas gemas, las cuales tenían un valor económico considerable.  Por lo menos desde 1510 ya es un pequeño caserío, adquiriendo una dinámica económica y social propia, regido en lo político y administrativo por la Corona Española.

Con la construcción de la fortaleza de Cumaná, en 1523, se asegura el suministro de agua desde el río Manzanares, en la costa oriental, algo que era indispensable para el despegue definitivo del poblado. El auge económico, con base en la explotación de las perlas, significó que se convirtiera en Villa en 1526 y en 1528 una cédula real le otorga el rango de ciudad, con el nombre de Nueva Cádiz, la primera ciudad de Venezuela. Política y administrativamente Nueva Cádiz fue gobernada por alcaldes mayores, nombrados por la Real Audiencia de Santo Domingo. Posteriormente, fueron elegidos por sus propios habitantes y por un cabildo de 17 regidores nombrados por la Corona. En los hechos, un grupo de comerciantes conocido como los “señores de canoa”, que controlaban la pesquería de perlas, tuvieron una enorme influencia económica y política sobre la isla. En su apogeo, Nueva Cádiz llegó a contar con unos 1.000 habitantes.

Las ordenanzas relacionadas con la actividad económica de la explotación perlífera, tenían el propósito de asegurarle a la Corona el sostenimiento económico de sus funcionarios y de los servicios en la urbe y, sobre todo, la captación de rentas por los derechos de explotación. La renta correspondía a una quinta parte del valor de la producción, el llamado “quinto real”. Durante el periodo que duró la explotación de perlas, dichas rentas fueron muy variables. En el Diccionario de Historia de Venezuela se documenta esta variabilidad de las rentas de la Corona:

“En el siglo XVI, la producción declarada, de la cual se contribuía el ‘quinto’ a la Corona, era de unos quinientos marcos anuales durante los años 1513 a 1520. En 1521 subió a más de 1.000 marcos, para alcanzar durante los años 1522 a 1526 una media anual de más de 3.500 marcos. El cenit se consigue en 1527, con una producción declarada superior a 6.000 marcos. El descenso fue inmediato, con una media de 3.000 marcos durante los años 1528 a 1531, algo más de 1.500 en 1532, una media de 1.000 marcos los años 1533 a 1536 y sumas inferiores a 500 marcos entre 1537 y 1540. El ‘quinto’ de Cubagua arrojó un total de 10.328 marcos, lo que equivaldría a una producción declarada de 11.877,20 Kg., o sea, una media de cerca de 410 Kg. anuales.”[1]

El auge y la caída de estas rentas dependieron sobremanera de las condiciones en las que se desarrolló la extracción de las perlas, pues ésta se orientó hacia su sobre-explotación en muy corto tiempo. Una primera causa de la sobre-explotación se originó en la medida que la Corona flexibilizó al máximo las normas de ejercicio de la actividad. Al respecto, Marco-Aurelio Vila señala una ley del 10 de diciembre de 1512, en la que se explicitaba que cualquier vecino o morador de las Indias, que no tuviera prohibiciones para comerciar, podía salir a pescar perlas libremente, con licencia del gobernador y oficiales reales de la provincia, pagando a la Real Hacienda el “quinto” mencionado.[2]

Una segunda causa se deprende del tipo de técnicas de producción utilizadas para la explotación de las perlas. Existieron fundamentalmente dos. Una era el llamado “buceo de cabeza” hacia las profundidades marinas, en busca de las perlas, realizada por esclavos indios y negros. Esta práctica inhumana era tan intensiva que cobraba la vida de un gran número de esclavos, que terminaban con los pulmones reventados por las intensas jornadas de trabajo. Otra práctica la constituía el uso de rudimentarias técnicas de pesca de arrastre. En ambos casos, el propósito de los comerciantes era obtener el mayor número posible de perlas, con el objeto de elevar sus ganancias. Con respecto a la pesca de arrastre, también llamados “ingenios”, los pingües beneficios que dejaba hacían que las autoridades de la Corona los privilegiaran, pues suponía una mayor captación de rentas. No obstante, quienes se beneficiaban de la misma eran muy pocos comerciantes, por lo que hubo protestas de los demás pobladores que vivían de la actividad para que la Corona restringiera la pesca con los ingenios.

No resulta extraño entonces corroborar que ambas prácticas de explotación, al ser intensivas y sin limitaciones, buscando obtener el mayor beneficio posible, provocaran el agotamiento temprano de los lechos perlíferos. Entre 1528 y 1531 este hecho es comprobable por la baja de la producción, lo cual repercutió, como se indicó, en la merma de las rentas recibidas por la Corona. A partir de estos años se inicia el decaimiento económico irreversible de Nueva Cádiz.

Una consecuencia de la debacle económica fue que, por lo menos desde 1535, comenzó a producirse desabastecimiento de agua, alimentos y leña, lo cual durante la época de auge de la explotación perlífera habían sido subsanados mediante la transportación de agua desde la costa y el comercio con las poblaciones de la Isla de Margarita y Santo Domingo. Por lo demás, la caída abrupta de las rentas provocó una emergencia presupuestaria que amenazó el sostenimiento económico de los pobladores. La situación llegó a ser tan grave que, como lo documenta Marco-Aurelio Vila, se emitió una cédula real, el 27 de octubre de 1535, solicitando un préstamo para las autoridades de Nueva Cádiz, por dos mil pesos, para solventar en alguna medida el problema.[3]

Por lo menos desde 1537, los nuevos gaditanos inician la emigración hacia otros poblados, como el Cabo de la Vela, en la costa occidental de Venezuela y la cercana Isla de Margarita, donde también se desarrollaba, aunque sin la misma productividad, la extracción de perlas. La Corona, ante la debacle de las rentas que captaba de Cubagua, optó por facilitar su despoblamiento. Hacia 1545 quedaban muy pocos habitantes, viviendo dentro de las ruinas de lo que fue Nueva Cádiz, pues además fue asolada por un maremoto en 1541.

De la historia económica de Cubagua, en torno al auge y caída de la explotación de las perlas, se puede extraer al menos una lección que, curiosamente, sigue teniendo vigencia. En particular,  guarda algunas semejanzas con episodios de la economía venezolana más reciente. Revisaremos brevemente esta lección a continuación.

La sobre-explotación de las perlas fue el reflejo de un problema económico conocido como la “tragedia de los bienes comunes”. Un recurso natural común es uno que tiene la característica de que no es propiedad de ningún agente económico, o quien tiene el derecho de propiedad sobre el mismo no establece o establece deficientemente las condiciones de su uso o explotación. Dado que no existen barreras a la entrada para la explotación del recurso o son débiles, cada agente competidor se interesa únicamente en obtener el máximo beneficio individual. Queda claro que siendo el recurso limitado, la conducta maximizadora individual competidora deriva en su agotamiento, va a contracorriente del interés colectivo de preservar el recurso.

No obstante, no ha sido fácil establecer una solución satisfactoria a este problema porque no se trata solamente de asignar unos derechos de propiedad que establezcan barreras a la entrada para potenciales competidores, o para que los propietarios del recurso actúen racionalmente en aras de no agotarlo. En este sentido, la científica social Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía, ha planteado una serie de alternativas cooperativas y de arreglos institucionales para la administración de los bienes comunes que han despertado mucho interés académico y práctico, sobre todo entre las comunidades que utilizan colectivamente recursos naturales como el agua o los bosques.[4]

Cabe preguntarse si la Corona Española fue en algún momento consciente de que Nueva Cádiz se dirigía al colapso de su principal actividad económica. La respuesta es afirmativa, pues está documentado que las autoridades establecieron ordenanzas, como la emitida el 30 de diciembre de 1532, con el objeto de limitar la pesca por la vía de vedar algunas zonas perlíferas por un tiempo determinado, buscando restablecer el necesario equilibrio ecológico que permitiera la repoblación de los ostrales. La ordenanza también contemplaba que cada año se debía revisar la situación. Pero esta medida llegó demasiado tarde, más aún considerando que se requieren de varios años para lograr la repoblación de los ostrales.

También se implementaron otras medidas, como las emanadas de la cédula real del 5 de septiembre de 1537, dirigida a limitar el tamaño de las canoas dedicadas a la pesca de las perlas, pues éstas habían aumentado significativamente su capacidad de trasladar esclavos indios y negros hacia las zonas perlíferas, con el propósito de intensificarla. Una vez más, esta medida resultó extemporánea para evitar la desaparición de los ostrales y propiciar la necesaria repoblación.

En el contexto de la economía venezolana contemporánea, la explotación del petróleo alguna vez  tuvo, en las décadas de 1930 y 1940, la condición de ser vista por esclarecidos economistas, entre los que destacan Alberto Adriani y Arturo Uslar Pietri, como generadora de una riqueza transitoria, por lo cual debía ser aprovechada al máximo, para apuntalar otras actividades menos inciertas, más permanentes. “Sembrar el petróleo” era la consigna, a objeto de servir de palanca de la agricultura, de la manufactura, las verdaderas fuerzas del desarrollo económico. Pero el petróleo llegó para quedarse, resultando ser la actividad  principal y más permanente de la economía venezolana ya por espacio de un siglo.

Si bien la abundancia de petróleo determina que los venezolanos de hoy en día conviviremos y aprovecharemos de su riqueza probablemente por varias décadas más, la paradoja estriba en que la propia abundancia ha traído males económicos similares, salvando la distancia histórica y de contexto, a los que sufrió Nueva Cádiz. Problemas de volatilidad de los ingresos fiscales, endeudamiento y escasez de bienes y servicios no han dejado de presentarse en la economía venezolana. De la misma manera, los remedios para solucionar estos problemas a menudo han llegado tarde o se han implementado deficientemente, con lo cual se han elevado los costos sociales que la población ha tenido que pagar.

No queremos, sin embargo, abusar de los paralelismos en dos situaciones históricas, desde todo punto de vista, diferentes. Nuestra intención fue simplemente llamar la atención que sobre-explotación y abundancia de recursos acarrean problemas que deben ser manejados racionalmente, con políticas donde prive el criterio económico en un sentido amplio. Es esta la lección de Economía que pretendimos extraer de la historia de la explotación de las perlas en las aguas profundas de Cubagua.

Dedicado a mi colega y amigo Alejandro Gutiérrez

En la entrada DESBALANCES DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA (II): LA ENFERMEDAD HOLANDESA (I) se llegó a la conclusión de que este fenómeno se manifestó muy temprano, apenas la exportación de petróleo despuntó como la principal actividad económica. La posibilidad para el Estado venezolano de obtener mayores ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo, como consecuencia de la devaluación del dólar en los Estados Unidos a comienzos de 1934, creó las condiciones no sólo para el aumento de la renta petrolera, sino también para que la apreciación del tipo de cambio socavará la competitividad de las actividades agro-exportadoras, especialmente de café y de cacao. Ya desde la década de 1940 se hizo evidente que la política cambiaria se amoldaría a ciertas condiciones del capitalismo rentístico que aún caracteriza a la economía venezolana.

Desde inicios de la década de 1960 se establece un tipo de cambio fijo a la paridad de 4,30 bolívares por dólar, sostenido por la abundante afluencia de divisas provenientes de las exportaciones petroleras, manteniéndose por espacio de un poco más de dos décadas. No obstante, desde comienzos de la década de 1980, en el contexto de una disminución importante de los ingresos petroleros, se acumularon déficit fiscales, que fueron financiados con préstamos del BCV, se produjeron ataques especulativos al tipo de cambio fijo y se intensificó la fuga de capitales, todo lo cual presionó sobre el nivel de reservas internacionales existentes, haciéndolas disminuir sensiblemente. Esta situación generó una crisis de balanza de pagos, obligando al gobierno de turno a aplicar, en febrero de 1983, una fuerte devaluación y posteriormente a establecer un control de cambio.

El economista venezolano Osmel Manzano y otros investigadores han identificado al menos cuatro crisis de balanza de pagos desde 1980: 1983, 1989, 1995, 2003. Tres de estas crisis conllevaron al establecimiento de controles de cambio y una de ellas (1989) a la modificación de un régimen de control de cambio por un régimen de tipo de cambio flexible. En general, las devaluaciones colaterales a estas crisis de balanza de pagos y otros ajustes macroeconómicos, han tenido su mayor impacto en acelerar la tasa de inflación, mucho más que el efecto de estimular la actividad económica, pues el tipo de cambio real solo se equilibra por muy corto tiempo.1

Al respecto, se puede hacer notar que desde mediados de 1970 hasta el presente, en el manejo del tipo de cambio los gobiernos en ejercicio han permitido su sobrevaluación por largos periodos, hasta un límite en el que se hace insostenible la política cambiaria y es necesario devaluar. Hay dos explicaciones básicas detrás de por qué se ha permitido la sobrevaluación. Hasta finales de los años setenta, la posibilidad de importar bienes de capital con dólares baratos, para impulsar el proceso de industrialización, sirvió de justificación plausible. Posteriormente, en la medida que las devaluaciones de  la década de los ochenta alimentaron una fuerte presión inflacionaria, la sobrevaluación fue el resultado de mantener un tipo de cambio que sirviera de ancla nominal de los precios.

La sobrevaluación del tipo de cambio ha originado los conocidos efectos de la enfermedad holandesa, expandiendo sobremanera las importaciones y desalentando las exportaciones de otros bienes diferentes al petróleo. La falta de competitividad ha recaído principalmente sobre la exportación de bienes manufacturados y semi-manufacturados, como se deduce de la alta dependencia que tiene Venezuela de sus exportaciones petroleras.2

En este sentido, un modelo teórico útil para entender el efecto típico de la enfermedad holandesa, de crear un sesgo anticompetitivo a las exportaciones no petroleras y, además, posiblemente desencadenar un proceso de desindustrialización, fue propuesto por Ricardo Hausmann en su libro “Shocks externos y ajuste macroeconómico”.3 Hausmann analiza la relación entre shocks de ingresos petroleros, producción de bienes transables (que pueden comercializarse internacionalmente) y producción de bienes no transables (que no pueden comercializarse internacionalmente).4 Se parte del principio de que el tipo de cambio real de equilibrio puede expresarse como una relación entre los bienes transables y no transables. En estos términos, el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal multiplicado por el índice de precios de los bienes transables dividido entre el índice de precios de los bienes no transables.5 Un supuesto del modelo es que el exceso de demanda de bienes transables por arriba de la producción interna puede cubrirse con importaciones, mientras que un aumento de la demanda de bienes no transables solo puede cubrirse con producción interna.

En este orden de ideas, sin detenernos a analizar otros supuestos teóricos del modelo, se tiene que los booms de ingresos petroleros siempre han provocado un aumento de la demanda agregada interna tanto de bienes transables así como de bienes no transables. La producción de bienes no transables para satisfacer su demanda eleva la demanda de trabajo hasta un punto que repercute en el incremento de los salarios y, por tanto, incrementa el índice de precios de los bienes no transables. Dado que el índice de precios de los bienes transables no aumenta, porque están determinados internacionalmente, de manera exógena, los bienes no transables se encarecen relativamente con respecto a los transables. En esta situación, se produce una apreciación del tipo de cambio real. Y aquí estamos de vuelta a los conocidos efectos de la enfermedad holandesa ya mencionados. La apreciación del tipo de cambio real abarata las importaciones y genera el sesgo anticompetitivo para las exportaciones de bienes transables (diferentes al petróleo). Para ponerlo en un contexto relativamente reciente, en el quinquenio 2008-2013 las exportaciones no petroleras representaron apenas un promedio del 5% de las exportaciones totales de Venezuela.

Las apreciaciones cambiarias prolongadas han tenido un efecto negativo adicional, reflejándose en un  proceso de des-industrialización. Las importaciones masivas de bienes con dólares baratos se han convertido en una seria dificultad para la producción interna, especialmente la producción manufacturera. Este efecto se ha hecho sentir con especial agudeza durante el periodo que abarca los gobiernos de la llamada “revolución bolivariana”. La desindustrialización se ha manifestado en la pérdida de la importancia relativa del sector manufacturero en la economía venezolana. Según cifras del BCV, mientras que el sector manufacturero representó 17,4% del PIB en 1998, su participación relativa se redujo hasta 13,4% en 2014. Por su parte, si se da crédito a la cifra manejada por la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria), durante el periodo 1999-2010 el parque industrial, que contaba con alrededor de 11.000 empresas formales establecidas en 1999, se redujo en aproximadamente un 40% de su tamaño.

Las consecuencias de la desindustrialización, como lo sostiene Hausmann en el libro ya mencionado, van más allá de la caída de la producción industrial. Dado que la producción agregada de hoy depende de alguna manera de la de ayer y siendo el proceso de aprendizaje tecnológico o learning by doing un proceso continuo, la relativa desindustrialización de la economía venezolana afectará la producción agregada del mañana, al acumularse menos experiencia productiva, repercutiendo en un menor aprendizaje tecnológico y posiblemente en una menor productividad.

Dado que la falta de competitividad se traduce en una menor diversificación de las exportaciones, Hausmann, junto con Jason Hwang y Dani Rodrik, examinaron qué tanto afecta el crecimiento de largo plazo la falta de diversificación de las exportaciones. Utilizando un panel de datos de países desarrollados y en desarrollo, encontraron que entre más diversificadas son las exportaciones de una economía mayor será su tasa de crecimiento de largo plazo. Por lo contrario, las economías que muestran muy baja diversificación de las exportaciones generalmente registran un pobre desempeño económico de largo plazo. Venezuela se encuentra dentro del recuadro de países que exhiben muy baja diversificación de las exportaciones, teniendo como un resultado de ello una baja tasa de crecimiento económico.6

Una primera conclusión de lo dicho hasta aquí es que si analizamos en perspectiva histórica a la economía venezolana desde mediados de la década de 1970 hasta el presente, surge como característica recurrente la alta volatilidad de los ingresos petroleros, alternándose auges y caídas sustanciales. Esta volatilidad de los ingresos ha condicionado las decisiones en materia de política cambiaria y en las últimas cuatro décadas ha conllevado que, más allá de algunos episodios de ajustes macroeconómicos, acompañados de fuertes devaluaciones, ha prevalecido por largos periodos un tipo de cambio sobrevaluado, por lo cual los efectos perniciosos de la enfermedad holandesa no han dejado de hacerse sentir de una u otra manera.

Una segunda conclusión es atinente al hecho de que la enfermedad holandesa parece haber impactado con mayor virulencia en los últimos años, debido a que las distorsiones macroeconómicas en general y del tipo de cambio en particular son más agudas en relación a periodos anteriores. Desde esta perspectiva, si bien en algún momento se producirá el necesario ajuste macroeconómico, el cual provocará una nueva devaluación y acarreará costos económicos para la población, al menos es de esperar que se tomen las medidas correctivas que eliminen de manera permanente ese desequilibrio fundamental en la economía venezolana como lo ha sido sostener un tipo de cambio sobrevaluado.